SEGRE

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Después de muchos años esperando, y lamentando la falta de suelo industrial en la ciudad de Lleida, ya hay un calendario para la puesta en marcha del nuevo polígono de Torreblanca, promovida por el Incasòl y la Paeria y cuyas obras empezarán en abril del año que viene una vez solucionados todos los trámites urbanísticos. Que en Lleida faltaba suelo industrial es una evidencia a la vista de cómo está el polígono del Segre, saturado y deteriorado, y cómo se han desarrollado otros espacios como el Camí dels Frares o han surgido otras iniciativas privadas. El polígono de Torreblanca ha de servir para captar empresas y para que no se vayan de nuestro ámbito otras que han tenido que hacerlo para afrontar ampliaciones y parte con la ventaja de una excelente ubicación y buena conectividad con los ejes viarios y el proyecto de construir una terminal de ferrocarril para mercancías que representará una inversión adicional de 30 millones a los 200 que costará el polígono.

Y nace con la ventaja de que la parcelación del amplio terreno, el equivalente a dos plantas de Seat, se adaptará a las demandas de las empresas interesadas con posibilidad de grandes espacios para firmas más grandes que contarán además con el apoyo logístico de la nueva estación ferroviaria para conectar con los puertos de Barcelona y Tarragona. Torreblanca tiene que marcar un punto de inflexión porque es evidente que Lleida ha perdido potencial industrial y el presidente de la Cámara cifró en el mismo acto de presentación en 428 las firmas que se han ido de Lleida en los últimos cinco años, pero además de suelo industrial también habrá que ofrecer facilidades en la tramitación, menos burocracia, estabilidad y capacidad de seducción para atraer nuevas empresas entre las que ya han mostrado interés por instalarse en el nuevo polígono. La competencia por captar nuevas empresas se ha multiplicado en los últimos tiempos y Lleida también tiene que aprovechar sus bazas: la oferta de suelo, la buena conectividad y una excelente ubicación.Un control tardío

Después de haberse vendido 11,2 millones de tests de antígenos entre el 13 y el 26 de diciembre a unos precios que podían llegar hasta los doce euros por unidad, el gobierno ha decidido fijar un precio máximo de 2,94.

Está bien el control, pero llega demasiado tarde, cuando los precios ya habían empezado a bajar y después de que las familias hayan tenido que hacer el gasto. En algunos países han facilitado las pruebas de forma gratuita y en otros, como Portugal, Francia o Alemania, se pueden conseguir los tests en supermercados a precios por debajo incluso del tope fijado por el gobierno. Aquí han esperado a que algunos hicieran su negocio.

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