La crisis de la fruta llega a Barcelona

Los conductores que ayer por la mañana se dirigían desde el Segrià hasta Barcelona por la A-2 seguramente se sorprendieron por una especie de procesión lenta con más de 80 vehículos. Se trataba de la marcha lenta convocada por la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça que trasladaba sus reivindicaciones para hacerse oír en la plaza Sant Jaume de la capital catalana. Los agricultores y alcaldes de una veintena larga de ayuntamientos, cuyos términos municipales resultaron gravemente afectados por las heladas de hace casi dos meses, se han hartado ya de promesas y buenas intenciones y reclaman respuestas inmediatas a la Generalitat en forma de ayudas directas para paliar las graves pérdidas del sector que, en algunos casos, llegarán hasta al 70 por ciento de la cosecha de fruta de este verano.

Pero no solo está en juego la producción de 50.000 ha de fincas, sino la continuidad de las centrales y los miles de puestos de trabajo que dependen del sector frutícola y que no podrán ser ocupados. Según algunos cálculos, este verano solo serán necesarios unos 10.000 frente a los 40.000 de las campañas normales, lo que da idea de la magnitud de la tragedia. Estamos pues ante una crisis económica de gran importancia y de unas consecuencias que no se registraban desde hace años y que requieren de soluciones urgentes.

Como bien decía la alcaldesa de Aitona en un tuit, ayer, quienes visitaran la plaza de Sant Jaume, podían ver gratis una versión de la película Alcarràs pero reflejando la cruda realidad de un sector que ha padecido, como tantos otros, las consecuencias de la pandemia y a las que se han sumado ahora las inclemencias de las heladas. Es urgente que la Generalitat dé respuestas a las justas demandas del campo y es necesario que la ciudadanía apoye también a los agricultores comprando sus productos y, por supuesto, a un precio justo. Porque no solo de esta suma de factores depende el futuro del campo, sino que la economía de Ponent en general se resentirá, y mucho, si el primer sector tarda en recuperarse de la crisis actual.

El catalán, más blindadoFinalmente y tras tres semanas de duras negociaciones que parecían abocadas al fracaso, los grupos parlamentarios de PSC, ERC, Junts y los Comuns pactaron ayer una proposición de ley en defensa del catalán en la escuela para hacer frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fija un mínimo del 25% de castellano en las aulas. Este acuerdo permitirá llevar la propuesta al Parlament para que sea debatida hoy mismo. Todo indica, pues, que ha imperado la cordura y que los partidos han visto que el objetivo común, que es preservar la relevancia del catalán en la escuela, es más importante que las discrepancias políticas.