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El Congreso de los Diputados aprobó el jueves la ley Orgánica de Garantías Integral de la Libertad Sexual (ley del ‘solo sí es sí’), tras un largo periplo desde que se diera el visto bueno a su anteproyecto hace ya más de dos años. “Por fin”, afirmó la ministra de Igualdad, Irene Montero, para añadir que este “es un día de victoria después de muchos de lucha”. Tiene razón la ministra porque en demasiadas ocasiones se ha cuestionado a mujeres víctimas de violaciones su silencio al ser agredidas, sin tener en cuenta que ante una agresión sexual no todas tienen la valentía de enfrentarse a su agresor o agresores y precisamente esto es lo que cambia sustancialmente esta ley: el consentimiento.

Hasta ahora, el ordenamiento jurídico en vigor consideraba agresión tan solo aquellos casos en los que se hubiera podido probar que la violación se produjo con fuerza o intimidación. Esto cargaba sobre los hombros de las mujeres la responsabilidad de demostrar que se habían resistido, lo cual terminaba por revictimizarlas. Esta nueva normativa se alinea con lo estipulado por el Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos ratificado por España en 2014, y marca que “solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Con esta modificación, todo acto sexual sin consentimiento será considerado una agresión (violación), lo cual lleva a la eliminación del abuso sexual del Código Penal. Se establece además un sistema de penas “progresivo y proporcional a la gravedad”, que contempla horquillas más amplias. De ahora en adelante, los delitos sexuales serán castigados desde multas hasta con 15 años de cárcel con un sistema progresivo y proporcional de penas.

Pero en cada delito puede haber agravantes. Un avance sin ningún tipo de duda en los derechos de las mujeres y su libertad sexual. La presión social ejercida por la ciudadanía tras la primera y vergonzosa sentencia de La Manada y la determinación política del actual gobierno del estado merecen, en esta ocasión, un sobresaliente.

Cotización de autónomos

El Congreso convalidó también el jueves el decreto del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos, tras meses de negociación entre el Gobierno central, los agentes sociales y los representantes de los trabajadores por cuenta propia. La medida afecta a los casi 38.000 leridanos que trabajan por cuenta propia y comenzará a aplicarse a partir de enero de 2023, con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500. Un primer paso para mejorar la cobertura de este amplio sector.

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