El tren de vida de 3.000 leridanos

Cerca de 3.000 personas utilizan a diario las conexiones entre Lleida y Barcelona con trenes regionales, AVE y Avant, y las del tren de La Pobla, especialmente entre Lleida y Balaguer. El año pasado, las líneas de regionales R12, R13 y R14, que unen la capital leridana con Barcelona por Manresa y la costa, tuvieron 591.886 usuarios, y 228.000 viajaron en trenes de alta velocidad con origen o destino a Lleida, solo en el segundo semestre, la mayoría en Avant. La línea de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) de La Pobla de Segur sumó 207.367 viajeros, en 2021.

En todos los casos, los datos fueron inferiores a los de 2019 por los efectos de las restricciones por la pandemia, pero este año se está constatando una recuperación en la afluencia de viajeros. De hecho, 170.206 personas cogieron un tren de la línea de La Pobla de enero a agosto de este año, mientras que en el mismo período de 2019 no llegaron a las 160.000. Una gran parte de los usuarios son habituales, ya que cogen el tren para ir a clase o trabajar.

Es de suponer que la mayoría de estas 3.000 personas son las beneficiarias de los bonos gratuitos o descuentos para viajar en tren. Tras estas significativas pero frías cifras se encuentran centenares de vidas que dependen de este servicio para el bienestar o estrés de su vida cotidiana. Dejando al margen el caos diario de Rodalies Barcelona y las múltiples incidencias que sufren los regionales, tanto en la línea de la costa como de Manresa, la reflexión que deben hacerse todas las administraciones es la prioridad absoluta que debe tener la mejora de las líneas ferroviarias si es verdad que quieren apostar por el transporte público como alternativa a las saturadas carreteras y contribuir a frenar el cambio climático.

Apostar por ello necesita mucho más que palabras, porque hay que ampliar convoyes, mejorar las infraestructuras, hacer competitivos los precios de la Alta Velocidad, planificar enlaces entre líneas y construir parkings públicos para no elevar el gasto de estas personas, que cuando llegan a sus destinos deben desplazarse a sus casas. Si estas asignaturas pendientes se aprobaran, el número de viajeros y oportunidades se multiplicaría de inmediato y contribuiríamos no solo a mejorar el medio ambiente, también la vida de las personas y del planeta.

Una ley sin pies ni cabezaJARC y UP se unen al rechazo de ayuntamientos, consells y, por supuesto agricultores, a la nueva ley estatal de residuos y suelos contaminantes para una economía circular (ley 7/2022) que no permite quemar restos vegetales generados en el entorno agrario.

El despropósito y desconocimiento del medio de esta modificación de la normativa actual es total porque no soluciona nada y solo elevará costes.