Las reglas del juego de la fiscalidad

Hemos reiterado en esta sección que resulta evidente que Catalunya debe hacer un esfuerzo para reestructurar sus cargas fiscales y trámites burocráticos para evitar el éxodo de empresas a otras comunidades. No es una opinión de este periódico, es una demanda generalizada que le han hecho llegar a la Generalitat todos los sectores económicos de Lleida, desde la Cámara de Comercio, Pimec, etc., después de la implantación de firmas leridanas en Aragón. Pero una cosa es agilizar trámites y ofrecer facilidades a las firmas que crean riqueza y progreso y otra, muy distinta, entrar en una subasta fiscal, como pretende la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde hace tiempo, y a la que se añade ahora el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Madrid tiene la renta per cápita más alta de España por varias razones, una de ellas va ligada al hecho de que es la capital de un estado radial y que las sinergias centralistas de los ministerios y otros órganos del poder hacen que las grandes firmas quieran o crean que les conviene tener allí su sede fiscal. En cuanto a Andalucía, su envite es todavía mucho más cuestionable porque esta comunidad es de las receptoras de los fondos de compensación territorial que sufragan otras comunidades más ricas, como Catalunya, para equilibrar el bienestar de sus ciudadanos. Catalunya lleva 40 años siendo de las que más aporta a este fondo y su déficit fiscal es de sobras conocido.

Si Moreno Bonilla quiere eliminar impuestos es muy libre de hacerlo, pero está claro que debe hacerlo con su dinero, no con el de los demás. Es una cuestión de justicia y alguna armonización habrá que buscar porque los impuestos no son una lonja y de ellos dependen buena parte de las inversiones más necesarias en todos los territorios, desde educación y sanidad a las infraestructuras y ayudas al tercer sector que marcan el bienestar colectivo de cualquier comunidad o país. Si se persiguen los paraísos fiscales con el dinero, es lógico pensar que las normas de juego para las cargas impositivas deberían también tener una regulación mínima.

La locura de Putin

El presidente Vladímir Putin decretó ayer una “movilización parcial” para ir a la guerra. Advirtió también de su poder nuclear (el segundo del mundo), que dice que usará si se ve amenazado. De momento, habla de 300.000 reservistas y cifra en 25 millones los hombres a los que podría recurrir si fuere necesario. Su locura es irreversible y compete a las democracias occidentales encontrar una solución que evite una masacre, tanto de rusos como de ucranianos, y que amenaza con arruinar una Europa ya muy debilitada.