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Cristina Cifuentes tiene fama de ser una mujer con sentido común, inteligencia y la franqueza que exige la política del momento, a base de reconocer los errores y aceptar las críticas sin torcer el gesto. Le ha tocado celebrar el Día de la Comunidad en medio de los ecos del escándalo del caso Lezo, que ha llevado a la prisión a su antecesor, Ignacio González, y una buena parte de la cúpula del PP madrileño, envueltos en la rapiña del Canal de Isabel II. La presidenta madrileña aprovechó su discurso para afirmar con rotundidad que se ha acabado el tiempo de la corrupción en Madrid, con una firmeza digna de la mejor causa, pero se ha olvidado de algo que es fundamental en política y que consiste en responder públicamente por la responsabilidad que le corresponde –a ella, a su Gobierno y al Partido Popular– y adoptar las medidas exigibles de reparación.
El PP madrileño se ha beneficiado políticamente de los recursos económicos que le permitían pagar campañas más caras y ganar elecciones con trampa y eso no se repara con un acto de contrición o con una petición genérica de perdón. Ni siquiera es suficiente con las responsabilidades penales que puedan derivarse. Todos aquellos que se hayan contaminado con ese escándalo deberían estar fuera de la política.
No obstante, Cifuentes, sea para extender una cortina de humo o por convicción ideológica, desvía la atención en su discurso hacia el independentismo catalán, verdadero enemigo –según ella– del siglo XXI. Más bien debería señalar a su propio partido si quiere buscar enemigos de la democracia.