la sentencia del caso Palau, en la que tal como se preveía aparece condenada Convergència por cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones de obras, es la demostración de toda una forma de hacer política en España. No fueron los dirigentes de Convergència los peores –ni tampoco los mejores, cuidado– a la hora de saltarse las leyes para disponer de todo el dinero necesario que permitiera afrontar campañas electorales sin límites presupuestarios ni estrecheces. Sedes lujosas, dirigentes bien pagados, medios infinitos para ganar y ganar y ganar. Esa era la clave. En el mismo seno de CDC hay algún caso más que está en plena ebullición. No hablemos del Partido Popular, sobre todo en la época Aznar, que se convirtió en el maestro del arte de la financiación. Tampoco se quedó manco el socialismo (en Catalunya fueron pioneros con Filesa) que convirtió el paro andaluz en un gran negocio de partido. Y así, sucesivamente, desde el caso Casinos hasta el Gürtel, sin olvidar los vínculos entre política y narco en Galicia o los negocios menos conocidos, pero igual de ilegales, del PNV.
Salvo honrosas y señaladas excepciones (no se conocen casos a Esquerra Republicana o a Iniciativa, por ejemplo) el sistema de partidos se lanzó de cabeza al dinero fácil, a saltarse la ley para conseguir financiación y a pagar con dinero de los contribuyentes los aumentos de precio de las obras públicas, porque al fin y al cabo han sido los ciudadanos los que han pagado las mordidas que los partidos cobraban a las empresas concesionarias para adjudicarles las obras o servicios.
