Carles puigdemont se ha convertido en el mayor dolor de cabeza de Mariano Rajoy. Puede que también le sirva a sus intereses de tender una cortina de humo sobre los casos de corrupción que afloran en los tribunales, pero eso no es culpa del President, sino la consecuencia de una acción política que tiene como objetivo subrayar los déficits democráticos del régimen político español. Dicho en términos poco convencionales y algo groseros, es su grano en el culo. Y no tanto porque de repente los socios de España se vayan a alinear con las tesis del candidato a la presidencia –sería como si los socios de Thatcher le hubieran dado la espalda cuando sus servicios secretos ejecutaron a miembros del IRA–. Eso es algo que no va a pasar; pero es verdad que la opinión pública, y las entidades pro derechos humanos levantan la voz cada vez más contra lo que es la atribución de un delito imposible.
Puigdemont fue a Copenhague para forzar una detención –o eso sospecha el juez Llarena– y poder reclamar su derecho a delegar el voto como los diputados presos. Habrá que esperar si en los próximos días el resto de diputados exiliados repiten la misma estrategia y consiguen una delegación de voto que es fundamental para garantizar la elección del próximo presidente de la Generalitat. Ahora ya sabemos, porque lo ha hecho público el presidente del Parlament, que esa candidatura tiene un solo nombre, Puigdemont, algo que va a complicar de nuevo las cosas hasta el punto de que podemos estar más cerca de una repetición de las elecciones que de cualquier otra cosa.
