Ricardo costa, aquel apuesto político valenciano, siempre tan bien vestido y tan cerca de la cúpula del PP, ha reconocido ante el tribunal que juzga la trama valenciana de Gürtel lo que era un secreto a voces: el entorno político del Partido Popular en la Comunidad Valenciana se había convertido en una máquina de vulnerar las leyes; cobraba comisiones a los empresarios que contrataban con la Generalitat, financiaba campañas de sus candidatos con dinero negro y vulneraba las leyes electorales al destinar a las campañas mucho más dinero del que permitía la normativa electoral. Afirma ahora el que fuera secretario general del partido que todo eso lo sabía, lo ordenaba y lo autorizaba el presidente del PP en la comunidad, Francisco Camps, que fuera junto con Rita Barberá el gran valedor de Mariano Rajoy para su elección al frente del PP español. Insiste Costa, además, en que todos en el partido conocían esas prácticas. El primero, Luis Bárcenas, el tesorero del partido que tiene abierta su propia causa en los tribunales por la contabilidad B del partido. O sea, que se confirma lo que todos sospechaban desde hace años: que la trama Gürtel no era más que la externalización del servicio electoral del PP y que sus responsables estaban perfectamente coordinados con la estructura de mando del partido, al menos en Valencia. Y ya veremos en el futuro, pero da toda la impresión de que las fechorías no acabaron en Valencia, sino que funcionaron con la misma eficacia en Madrid y en otras comunidades. Y Rajoy insiste en que eran cuatro.
