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LA PECERA
  • JUAN CAL

Suspensión temporal

Actualizada 16/07/2018 a las 10:39
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el parlament de Catalunya deberá decidir si toma en consideración la orden del juez Llarena suspendiendo a los diputados acusados de rebelión o la pasa por alto y deja a la discrecionalidad de cada encausado la decisión de abandonar o no el escaño, en cumplimiento de la interpretación estricta que el juez hace del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal. A la vista de los efectos que esa medida cautelar tiene en el Parlament de Catalunya, el juez ofrece la posibilidad, no prevista en ningún texto legal, de que sean sustituidos temporalmente por otros diputados de los mismos grupos, de tal forma que no resulte alterada la mayoría independentista del Parlament. El juez viene a decir, sin hacerlo explícitamente, que no pretende modificar la correlación de fuerzas del Parlament, sino privar a los acusados de una condición de electos que, en opinión del juez, les permitiría seguir delinquiendo aunque estén en prisión o en el extranjero, aunque el citado artículo de la ley sólo prevé la suspensión de cargo público para los acusados en prisión. El asunto se ha enrevesado tanto –y aún más con la resolución del tribunal de Schleswisch-Holstein– que cuesta imaginar si el Parlament decide finalmente cumplir o desobedecer al juez. En un Estado de derecho el auto de un juez debe cumplirse y todos estamos obligados a hacerlo, pero la particularidad del caso obliga a ser mucho más flexible porque no se trata solamente de rebajar la tensión –algo que no concierne a un juez– sino a respetar los derechos fundamentales de todos los acusados hasta que no hayan sido condenados.

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