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© Juan Cal
podría parecer, si nos atenemos a los comentarios y denuncias habituales en ciertos medios, que las subvenciones solo se conceden a entidades culturales, a medios de comunicación (siempre que cumplan ciertos requisitos de domesticidad, eso dicen) o a los agricultores, que son los grandes beneficiarios de las políticas de ayudas públicas, tanto nacionales como de la Unión Europea. Nada más lejos de la realidad: aquí todo el mundo recibe ayudas de la Administración y no siempre de forma legal, como ha quedado demostrado con la denuncia contra España y Francia por las ayudas a Airbus que buenos dineros le van a restar al sector agroalimentario español. Pero no es Airbus el único proyecto que recibe las prebendas públicas. Recientemente, las agencias de información divulgaban la concesión, por parte de la Generalitat, de tres millones de euros en ayudas a la planta de Nissan de Barcelona con la intención de que el gigante del automóvil no se lleve la fabricación de sus vehículos a otras plantas en otros países. Y eso a pesar de que la empresa ha iniciado un expediente de regulación de empleo que supondrá la supresión de 600 puestos de trabajo. La explicación de la decisión gubernamental es que Nissan sostiene, directa o indirectamente, 20.000 puestos de trabajo en toda Catalunya y no pueden ponerse en riesgo. Si tenemos en cuenta que sólo en la agricultura hay 58.000
ocupados, sin contar a la industria agroalimentaria, podemos imaginar la importancia de las subvenciones para este sector.
