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© Juan Cal
pasa desapercibido,
pero seguro que tendrá efectos definitivos en sectores de gran importancia para la economía de Lleida: el gobierno español ha creado, por primera vez en su historia, una dirección general para los “derechos de los animales”, a cargo de Sergio García Torres, dentro de la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Es decir, en la órbita de Unidas Podemos y con una orientación ideológica abiertamente animalista. Ya sabemos cuál es la mirada desde ciertos sectores, muy respetables pero minoritarios, de la sociedad, sobre todo lo que tiene que ver con la producción animal. Recientemente hemos podido comprobar como el ayuntamiento de Barcelona ha decidido reducir la ración de carne roja en la dieta de los alumnos que dependen del ayuntamiento de Ada Colau, más por una decisión ideológica que estrictamente sanitaria. Los productores de proteína animal van a estar en el ojo del huracán en los próximos cuatro años, por lo menos, y ello les obliga a ser especialmente rigurosos en la observancia de las leyes vigentes, pero al mismo tiempo a formar organizaciones fuertes y con capacidad de influir en la administración como tienen las organizaciones animalistas o los ambientalistas. La sociedad rural, como la de Lleida, está en peligro por muchas razones y hacen falta políticas, estatales y autonómicas, que garanticen la viabilidad de los territorios más despoblados, en los que tiene una mayor incidencia la actividad agrícola y ganadera. Dificultar esa actividad es condenar a una buena parte del país a la despoblación y a la miseria.
