La irrupción de Santiago Abascal y de toda la cúpula de Vox en una manifestación de agricultores frente a la sede del ministerio contra las políticas de precios agrarios y del salario mínimo confirma los temores expresados en algunos círculos de la Moncloa y recogidos por los medios de comunicación sobre el riesgo de radicalización de unas protestas que en principio tienen una justificación meramente sectorial pero que pueden convertirse en una especie de cruzada antisistema contra todo aquello que representa el nuevo Ejecutivo: contra la conservación de especies salvajes, contra las políticas migratorias, contra la elevación del salario mínimo y, por supuesto, en reclamación de políticas proteccionistas a favor de los productos agrarios españoles frente a los europeos o de países terceros. Abascal –y sus correligionarios–, consciente del potencial de esas movilizaciones, apareció ayer, con división de opiniones, intentando capitalizar el descontento de los agricultores españoles y con la intención de convertir esa protesta en una enmienda a la totalidad contra las políticas progresistas. La agricultura necesita políticas de protección; los agricultores no pueden trabajar con precios ruinosos ni ser los encargados de pagar la factura de precios bajos de la gran distribución. Pero al mismo tiempo es necesario que existan políticas ambientales responsables, una protección eficaz del medio natural y políticas salariales y migratorias justas y que resuelvan los problemas de empobrecimiento constante de los sectores más pobres de la clase trabajadora.