La decisión de confinar o no a los vecinos de la comarca del Segrià en sus domicilios tensiona al Govern. No es el único motivo por el que aparecen grietas en un Executiu muy pendiente ya de la fecha de celebración de las elecciones catalanas, pero es el que más afecta a los vecinos de Lleida. Ayer, a primera hora de la mañana, antes de la reunión del Procicat hubo un intenso debate entre los miembros del Gobierno –Torra y los consellers del PDeCAT por una parte, y Aragonés y los de ERC por otra– para valorar los pros y los contras que una decisión tan drástica podría tener sobre la economía de Lleida por una parte, y si era lo más adecuado desde el punto de vista sanitario. Técnicos sanitarios afirmaban que el confinamiento domiciliario es una decisión más efectista que efectiva y que en todo caso existen fórmulas que permiten actuar sobre colectivos más reducidos (municipios o barrios) en función de su afectación.
El problema del Segrià es que no se tomaron medidas preventivas ante la llegada de trabajadores del campo y los sistemas de rastreo no han funcionado por problemas de funcionamiento burocrático. Los técnicos insisten en que el grueso de los problemas está en las explotaciones hortofrutícolas, mientras que los políticos desvían la mirada hacia los jóvenes que supuestamente tienen una conducta relajada. El Govern, que criticó a Sánchez por su falta de previsión, queda ahora en mal lugar a causa de una política poco previsora y errática en la lucha contra el virus. Y los vecinos del Segrià no pueden pagar los platos rotos de esa política.