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Si Javier Melero, el abogado de Joaquim Forn que asistió a las cenas de constitución de Cs y que rechaza cualquier posicionamiento ideológico en el juicio del procés, tuviera razón y en julio los presos independentistas quedaran libres, a la espera de la sentencia, sería una gran noticia para ellos, sus familias y para los dos millones de personas que les empujaron al mayor acto de desobediencia civil que se recuerda. Si Melero acierta al afirmar que el Supremo no podrá sustentar jurídicamente ninguno de las graves delitos de rebelión, sedición o malversación que se les imputan, y por los que 9 personas llevan en la cárcel 2 años y otra media docena vive en el exilio, doblarán las campanas de Catalunya, podrán abrirse puentes de diálogo e independentistas y unionistas tendrán vía libre para sentarse a buscar soluciones que, sin vencedores ni vencidos, permitan avanzar. Si el letrado de Forn va bien encaminado y solo se condenará a los representantes del Govern, el Parlament y entidades civiles por desobediencia, que no comporta prisión sino solo inhabilitación, todas las personas de buena fe respiraremos aliviadas, pero nos quedaría una pregunta. ¿Quién asumiría la ignominia que ha comportado para sus vidas, sus allegados y sus patrimonios este secuestro de estado? La verdad es que perseguían la decapitación y división del independentismo y el desgaste ciudadano y esto creen que ya lo han logrado.