Unos queremos diálogo; otros, confrontación

Empieza el año con el mejor regalo de Reyes: más de 540.000 personas se han afiliado a la Seguridad Social en un año, el mejor dato de los últimos diez. Desde el comienzo de la crisis, más de 1,3 millones de personas han abandonado el paro y 1,7 millones de nuevos contratos se han inscrito en la Seguridad Social.

El déficit se ha reducido a la mitad en cinco años y España es el país con mayor crecimiento económico y creación de empleo en Europa, lo que hace verosímil el objetivo de este gobierno: crear medio millón de empleos al año y alcanzar en 2020 los 20 millones de ocupados, lo que garantiza la sostenibilidad de las políticas sociales. Son datos objetivos que algunos pretenden empañar con la tasa de temporalidad de los nuevos contratos. Lo achacan a la reforma laboral, pero la temporalidad viene siendo la misma desde hace 15 años y todos los analistas señalan que una de las claves del éxito es, precisamente, esa reforma que algunos se empeñan en derogar. Todo hace pensar que, en el fondo, lo que no se acepta es que las cosas vayan bien y se intenta ponerle todos los palos posibles en las ruedas al gobierno elegido por los españoles.

Sin embargo; en el actual escenario político, solo el Partido Popular de Mariano Rajoy dispone de un liderazgo consolidado y una cohesión interna que no tienen los demás, inmersos en convulsiones internas o luchas fratricidas que les incapacitan para gobernar y para aportar al país la estabilidad necesaria para continuar la recuperación económica, asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos europeos y garantizar la defensa de la unidad de España, la Constitución y nuestro Estado de Derecho. En una palabra, para defender nuestro sistema de valores y la Democracia.

Los Reyes, no obstante, se han celebrado en Catalunya de otra manera. La cabalgata de Vic, de evidentes connotaciones neonazis y de amplia repercusión mediática por los exhaustivos servicios de una TV3 obscenamente sectaria, prueba la desesperación de los promotores de un procés que, al margen de la ley y sin votos suficientes, pretende bajo batuta de la CUP dirigirnos a todos hacia ese imposible paraíso terrenal donde los Pujol, Mas y compañía camparían a sus anchas. No se puede hablar en nombre de Catalunya, como hace Puigdemont, cuando la única prioridad acreditada de la Generalitat en estos cinco años ha sido la de romper con España en contra de más de la mitad de los catalanes. Y tampoco se puede supeditar la solución de los problemas que tenemos todos los que aquí vivimos a los intentos separatistas y, desde luego, no se tiene legitimidad para gobernar y obligar a los ciudadanos a que respeten las leyes, porque cuando los gobernantes no las cumplen, las sociedades se hacen ingobernables. El tan reclamado diálogo se revela como otra falacia más del soberanismo. Como la del derecho a decidir sobre una ilegalidad o el “España nos roba” cuando otros siguen robando en nombre de Catalunya. La renuncia del president Puigdemont a asistir a la Conferencia de Presidentes de las CCAA en la que se discute la financiación autonómica; tan importante para un Govern que para subsistir precisa del FLA del Estado, del que percibe un 30% del total; ilustra claramente la voluntad real de diálogo de este Govern que tanto la pide.

¿Diálogo? Ahora se les ve el plumero a quienes no lo querían realmente. De los 46 puntos reivindicados, del único que se quiere hablar es de un referéndum imposible porque, como reitera el presidente Rajoy, “los asuntos que afectan a todos los españoles sólo pueden ser decididos por todos los españoles”. Como, por cierto, acaba de sentenciar el TC de Alemania ante las pretensiones secesionistas de Baviera. Por lo tanto, el desafío permanente de Junts pel Sí y la CUP a la Constitución y las leyes bajo cuya legitimidad fueron elegidos no tiene otra finalidad que ocultar tras la confrontación un inevitable fracaso que sólo conduce a la frustración y a la melancolía. Las que les esperan a nuestros esforzados soberanistas en Madrid, a donde han ido a desconectar (y a cobrar). Pero, por desgracia, no es sólo a eso a lo que han ido a Madrid, porque también pretenden recuperar una Memoria Histórica sectaria e impregnada de odio y rencor. Porque el bombardeo al Liceu Escolar en Lleida fue un hecho execrable y horroroso, como señalé en mi intervención a propósito de la iniciativa que presentó ERC para su condena; pero, aquella tarde en el Congreso; perdimos todos la ocasión de, como pedí; condenar también el fusilamiento de otros inocentes al día siguiente de juicios ilegales, sin garantías y sumarísimos en los que los tribunales populares de Lleida condenaban a quienes pensaban distinto. Son más de mil en toda la provincia y, con nombres y apellidos, figuran en el libro de José María Álvarez Pallás Lérida bajo la horda. Cuando solo se quieren condenar unos hechos y no todos, lo que se pretende es abrir viejas y dolorosas heridas de la Guerra Civil que algunos se empeñan en resucitar y que se habían cerrado con la Transición y en la Constitución de la Concordia, de la que siguen renegando.