‘La operación Catalunya es real y la única ficticia es la operación diálogo’

La consellera de Presidencia, Neus Munté, afirmó ayer que “la operación Catalunya es real, la operación precinto es real y la única ficticia es la operación diálogo” (ver más información en la página 18), y lamentó el crecimiento de las amenazas del Estado contra el proceso independentista, en relación a la operación de la Guardia Civil contra las presuntas irregularidades de la antigua CDC puesta en marcha ayer.

Para el expresident de la Generalitat Artur Mas no le parece casual que justo antes del juicio para el 9-N, se haya dado un nuevo caso de registros y detenciones por la presunta financiación irregular de CDC y lo calificó como un “montaje con toda la parafernalia”.

Junqueras denuncia que en el Estado “no se persiguen con la misma diligencia” los casos de corrupción

A Mas no le parece casual un nuevo “montaje” justo antes del juicio para la consulta del 9-N

El minstro desea que el Govern “reconduzca” la situación en el tema de la independencia

Por su parte, la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, calificó la operación de “acción mediática” vinculada al juicio del 9-N contra Mas, Irene Rigau y Joana Ortega que debe comenzar el próximo lunes.

En el mismo sentido se mostró el presidente de CDC, Jacint Borràs, quien consideró que la operación de la Guardia Civil contra su partido es una estrategia política “programada” para desprestigiar a la formación, y que busca influir contra las movilizaciones previstas por el juicio a Mas.

Por su lado, el líder de CiU en el ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, garantizó que durante su gestión en el anterior mandato se respetó la legalidad en todas las operaciones, y añadió que hay “intencionalidad política” en la investigación.

Por su parte el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, denunció que en el Estado “no se persiguen con la misma diligencia” todos los casos de corrupción: “Nos preocupa que haya corrupción y nos preocupa que haya un uso partidista de la persecución de la corrupción”.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, avisó de que no permitirán que “ensucien” tras la operación policial.

Por su parte, la líder de la CUP Capgirem Barcelona, Maria José Lecha, deploró que dicha investigación represente una “tremenda bofetada” al ‘procés’, porque defiende que debe ser impecable.

Preguntada por si el hecho de que la operación se haya lanzado ayer responde a un intento del Gobierno central de frenar el proceso independentista, sostuvo: “Aunque sea hace tres días o de aquí a un mes, no se debe obviar que son hechos por presuntas adjudicaciones irregulares”. Por su parte, el portavoz de Sí Que Es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela, pidió a JxSí que no atribuya la operación de la Guardia Civil a un ataque contra el independentismo: “Están actuando contra determinadas personas de PDeCAT. No actúa contra ERC ni contra la CUP ni contra los independentistas”. El abogado del exconcejal de CDC en el ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, Rafael Entrena -que también defiende a Ortega en el juicio por el 9N-, afirmó sobre la operación: “No creo que sea una casualidad”.

madrid

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, desvinculó ayer la operación de la Guardia Civil desarrollada contra la presunta financiación irregular de CDC de la estrategia del Gobierno central para hacer frente “con la ley” al desafío de los partidos independentistas en Catalunya.

Zoido recordó que es la cuarta vez que se realiza una operación con registros por la presunta financiación irregular de CDC y que, como en otras ocasiones, “no depende de lo que quiera la Guardia Civil” sino que es “una instrucción de la Fiscalía Anticorrupción”. El ministro no quiso darle más importancia al tema e insistió en la “grave” situación que vive Catalunya con el ‘procés’ y que desde el Gobierno quieren solucionarlo dialogando.

Zoido deseó que el Govern “reconduzca” la situación y evite que el Gobierno tenga que hacer uso de la ley a través de un recurso planteado en el Tribunal Constitucional para impedir la celebración de un referéndum secesionista. “Lo que espero”, dijo, “es que el Gobierno de Cataluña, en lugar de aceptar las presiones de la CUP, atienda a la legalidad”. El ministro valoró como “acertadas” las políticas emprendidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con una “presencia constante” en esta región y la realización de unas “inversiones que necesitaba Catalunya y que se están acometiendo”. Como ejemplo de las “buenas relaciones”, citó la suya propia con el consejero del Interior catalán, Jordi Jané.

“La legalidad no puede ser sustraída por una de las partes. Confío en que todavía el Govern de la Generalitat pueda reconducir esta situación. Si no, se aplicará la ley”, insistió Zoido antes de rechazar la creación de una comisión política y de establecer la “normalidad” de las relaciones dentro de lo que establece la Constitución. “De ahí no me quiero salir; sería abandonar el imperio de la ley y tendría un difícil retorno”, explicó (ver página 18).