Fiscalía busca demostrar que el Govern trabajó en el 9N pese la suspensión del TC

La Fiscalía del caso del 9N se centró ayer en intentar probar que la Generalitat estuvo detrás de la consulta hasta el mismo día de la votación, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC). El expresident de la Generalitat, Artur Mas, la expresidenta del Parlament, Joana Ortega, y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, aseguraron el lunes que tras la providencia del TC habían cedido la organización del proceso participativo a los voluntarios y que ellos se habían apartado.

Pero en la sesión de ayer se apreciaron discrepancias entre varios testigos. Así, mientras que dos inspectores de Enseñanza y una directora denunciaron presiones a los docentes para abrir sus puertas para que se celebrar la consulta pese a la orden del TC, la directora Territorial del departamento de Enseñanza en Barcelona y el inspector jefe lo negaron, asegurando que no se coaccionó a nadie.

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Dolores Agenjo, que formó parte de la lista electoral de Ciudadanos en las últimas autonómicas y que fue directora de un instituto de L’Hospitalet de Llobregat, se negó a ceder su centro para la consulta. Agenjo reveló que recibió varias llamadas de la exdirectora de Servicios Territoriales de Enseñanza Montserrat Llobet, apremiándola a entregar las llaves del centro, pero ella se resistió a hacerlo mientras no se lo exigieran por escrito.

Llobet, por su parte, declaró que se limitó a informar en una reunión de que “seguramente” sus institutos serían sede del 9N, al ser propiedad de la Generalitat, y rechazó haber presionado a nadie, al igual que Francesc Güell, inspector jefe de Enseñanza en 2014, que solo reconoció que “hubo un tira y afloja”.

Además, Josefa Bosch, que dirigía en 2014 el instituto Pompeu Fabra de Badalona, desmintió que se sintiera coaccionada: “Presión hubiera sido si nos hubieran obligado a nosotros a abrir los centros”, dijo.

Sin embargo, otros dos inspectores de Enseñanza, Josep Alsina y Jesús Rul, aseguraron que hubo presiones para que los institutos participaran en la organización de la consulta independentista, dijeron que los responsables de algunos centros pidieron las instrucciones por escrito, y que Llobet se negó a hacerlo.

Por su parte, el que fuera director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Joan Escalé, reconoció que se repartieron ordenadores para la votación el mismo fin de semana del 9N. El testigo explicó que, antes del 4 de noviembre, ya se habían enviado ordenadores a unos 500 municipios de Catalunya, pero los terminales que iban destinados a institutos que acogían las urnas se distribuyeron entre el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre para evitar así interferir en la “actividad normal” de los centros educativos. Asimismo, reconoció que nadie del Govern le dijo que anulara la página web www.participa2014.cat después de la prohibición del TC. Otro de los testigos, Bernat Rigau, empleado de la empresa T-Systems y que coordinó los trabajos informáticos, apuntó que la Generalitat mantuvo los preparativos para la logística de la consulta tras el 4 de noviembre.