El fiscal mantiene la petición de 10 años de inhabilitación a Mas y 9 a Ortega y Rigau

La Fiscalía mantiene su petición de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de Govern para el expresident de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación por la organización de la consulta del 9N.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, leridano, en sus conclusiones en penúltima sesión del juicio, que finaliza hoy, ratificó ayer íntegramente sus conclusiones y las elevó a definitivas.

Los peritos de la Guardia Civil contradicen al Govern y dicen que la web de la consulta se podía eliminar

Una exdiputada de ERC dice que el 9N “descansó” en los voluntarios tras la suspensión del TC

Así, también sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau; en ambos casos, por desobediencia grave cometida por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa.

Por su lado, las conclusiones definitivas de la acusación popular, encabezada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, renuncian a acusar a Mas, Ortega y Rigau de un delito de malversación y a pedir pena de prisión para ellos porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dejó fuera el delito de malversación al abrir juicio oral.

Por su parte, las defensas de los tres acusados mantuvieron que no desobedecieron al Constitucional y pidieron su absolución.

Durante la sesión de ayer, declaró el que fue jefe de prensa de Ortega, Carles Fernández, y aseguró que después de la suspensión del Tribunal Constitucional de la consulta se le transmitió que debía comunicar que el Govern “dejaba de tomar participación activa”.

Por su parte, la alcaldesa de Vilanant, Anna Palet, declaró que ella misma “como voluntaria” se encargó de abrir un local propiedad del ayuntamiento para acoger la consulta, después de ponerse de acuerdo con los concejales pero sin que se votase en el pleno municipal.

También declararon varios voluntarios y desvincularon al Govern de la gestión de la jornada de votación, aunque afirmaron que desconocían los detalles de la organización y sus preparativos, así como quién estaba detrás del teléfono que centralizaba el escrutinio y solventaba incidencias.

Por último, los peritos de la Guardia Civil aseguraron que la web de la consulta se podría haber eliminado “en 48 horas” después de que el TC suspendiera el 9N, al contrario de lo que testificó el martes el cargo del Govern responsable del diseño del proceso participativo.

“Aquí tendría que haber 2,3 millones de personas”La exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet declaró ayer como testigo en el juicio del 9N donde declaró al tribunal: “Aquí igual tendría que haber 2,3 millones de personas”. Lo hizo en referencia a que esta fue la cifra de ciudadanos que participaron en la consulta por la que ahora se celebra el juicio.