La preocupación por la corrupción se disparó en marzo, subiendo más de siete puntos respecto al mes anterior, según se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo se hizo después de conocerse las sentencias por el ‘Caso Nóos’ y el de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid. El sondeo se basa en un total de 2.487 entrevistas realizadas entre el 1 y el 10 de marzo. Aquellos días, además de la resaca de la condena a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos –en el que fue absuelta la infanta Cristina–, los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa evitaron entrar en prisión pese a sus condenas por las ‘black’ y declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia del ya expresidente de la región Pedro Antonio Sánchez.
Según el barómetro, la corrupción sigue como segundo problema por detrás del paro, y pasa de un 37,3% por ciento de menciones en la encuesta de febrero a un 44,8% en marzo, es decir, sube 7,5 puntos y se anota su cota más alta en 8 meses.
Por su parte, la inquietud por el paro apenas varía respecto a febrero (72,3%), mientras que los problemas económicos repiten en la tercera plaza, pero cayendo cinco puntos hasta el 22%. También cae, en su caso tres puntos, el porcentaje de menciones a la clase política, que sigue como cuarto problema con un 20,5%, mientras que el Gobierno y los partidos políticos en general repiten con un 3,6%. La sanidad (11,7%), los problemas de índole social (10,8%), la educación (10,3%), los relacionados con la calidad de empleo (6,5%), las pensiones (4,3%) y la inmigración (4,1%) completan la lista de los principales problemas. Respecto a la situación política, un 70,9% la vuelve a descalificar, frente al 2,9% que la considera buena o muy buena.
Anticorrupción atribuye un quinto delito a Pedro Antonio Sánchez
El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, advirtió en un nuevo escrito que el expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras, cometió un presunto fraude de 6 millones para la construcción del auditorio municipal. Tras señalar que la obtención de una subvención “no se ajustaba a la realidad”, Anticorrupción podría elevar a 5 los delitos que pretende que se le atribuyan a Sánchez, que se sumaría el de fraude a los de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.