La Justicia gala toma declaración a los mediadores del desarme de ETA

La Justicia franceses ha comenzado a tomar declaración como testigos a los miembros del autodenominado Comité Internacional de Verificación (CIV) que el sábado ejercieron de supervisores en la entrega de armas de ETA a las autoridades galas en varias localidades del suroeste de ese país.

Los integrantes del CIV comunicaron a la Fiscalía de Bayona (Francia) la localización de ocho zulos que contenían 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivo, municiones y detonadores. Para conocer la información sobre estas armas el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió el viernes diligencias, a petición de la Fiscalía, para cursar una comisión rogatoria a Francia. El objetivo de la Fiscalía es conocer el material entregado para determinar si alguna de las armas forma parte de algún procedimiento contra la banda terrorista. No obstante, las fuerzas de seguridad tienen pocas esperanzas de que las armas entregadas por ETA sirvan para arrojar luz sobre los 224 atentados de la banda que quedan sin resolver, al entender que seguramente estarán “limpias” de pruebas y muchas de las usadas en esas acciones ni siquiera se habrán facilitado a los mediadores.

Entretanto, el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, dijo este domingo que, tras el desarme de la banda terrorista, si se quiere cambiar la política penitenciaria hacia los presos de la banda terrorista “tendrá que hacerse por consenso”, al igual que otras políticas como la de la memoria. La líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, considera que la situación de los presos depende “de ellos” y de la desaparición de ETA. La coordinadora y portavoz del PP Vasco, Nerea Llanos, por su lado, pidió al resto de partidos vascos que “no caigan en el juego de empezar a hablar ahora de presos de ETA”, como propone la izquierda abertzale.

Por otro lado, el Gobierno de Mariano Rajoy lleva recurridos desde 2011 un total de 230 actos contra las instituciones vascas por menospreciar o humillar a las víctimas o a sus familiares, exaltar el terrorismo, homenajear o hacer concesiones públicas a los terroristas, lo que supone una media de 45 recursos al año.