Forcadell rechaza que “los poderes del Estado” digan de qué hablar en el Parlament

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria de la Mesa, Anna Simó, pidieron este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ampare su “inviolabilidad” parlamentaria y negaron haber desobedecido al Constitucional al permitir votar dos resoluciones pro referéndum. Tras su declaración, Forcadell remarcó que no admitirá que “los poderes del Estado” sean los que decidan de qué se puede hablar en el Parlament y proclamó que la Mesa no puede convertirse en un “Tribunal Constitucional en miniatura” que haga el “trabajo sucio”.

Arropadas por unas 2.000 personas, que se concentraron a las puertas del TSJC, entre los que se encontraban miembros del Govern como el president, Carles Puigdemont, Forcadell y Simó declararon como investigadas ante la jueza Maria Eugènia Alegret a raíz de una querella de la Fiscalía que las acusa de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, por permitir el Parlament votara dos resoluciones a favor de un referéndum.

Ambas, que no contestaron a las preguntas de la juez y del fiscal, arrancaron su declaración con un alegato en el que pedían tanto a la magistrada como a la Fiscalía que cumplieran con su obligación de proteger su inviolabilidad como parlamentarias, principio que, añadieron, es una garantía de la “separación de poderes”.

Cargan contra “la voluntad censora de los que quieren coartar la libertad del Parlament”

Tras declarar comparecieron en el Parlament en una rueda de prensa en la que arremetieron contra “la voluntad censora de aquellos que quieren coartar” la libertad de la cámara catalana.“Que nadie tenga ninguna duda, no nos doblegaremos a la voluntad censora de aquellos que quieren paralizar y coartar un parlamento democrático; continuaremos garantizando que el debate, el voto y la palabra sigan siendo pilar fundamental de este Parlamento”, señaló Forcadell.

El Govern apoya a las imputadas y la oposición lo tacha de “performance” El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, que formó parte de la comitiva que arropó a Forcadell y Simó, avisó de que el Govern mantiene “firme” su compromiso con el referéndum. Mientras que la ANC y Òmnium Cultural lanzaron este lunes una “caja de solidaridad” que recogerá dinero para poder financiar las multas que puedan recibir los dirigentes independentistas como consecuencia de los pasos dados en el proceso soberanista. Entretanto “los comuns” e ICV criticaron la judicialización de la política, que para Podem, representa la “impotencia” del PP sobre Catalunya y llaman al diálogo. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el apoyo que miembros del Govern y de partidos independentistas a Forcadell responde a que la están usando de “parapeto” para no verse afectados en causas judiciales. Por su lado Ciudadanos tachó el apoyo a las parlamentarias de “performance” para presionar a los jueces, a lo que el PSC añadió que la solución “no llegará contraviniendo la ley o solo con su aplicación”. Para el PP, los que los apoyan son “el brazo político de ETA” y la “aristocracia catalana”.