La fiscalia rebaja a la mitad la pena para Millet y Montull

La Fiscalía ha elevado este miércoles a ocho años de cárcel su petición de condena para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, medio año más del inicialmente solicitado, y ha rebajado a tres años la de la exdirectora financiera Gemma Montull, con quien acordó atenuarle la pena si delataba a la formación convergente. En sus conclusiones definitivas en el juicio por el expolio del Palau de la Música, el ministerio público ha solicitado catorce años y nueve meses de cárcel para Fèlix Millet, de los 27 y medio que le pedía al principio, y ha dejado en 10 años y diez meses de cárcel la petición de condena para Jordi Montull, que también afrontaba una petición inicial de 27 años y medio de prisión.

La Fiscalía ha rebajado sustancialmente la pena a Gemma Montull, para quien al principio pedía 26 años de prisión, de forma que pueda evitar su ingreso en prisión, porque uno de los tres años de cárcel que le solicita sería sustituible por una multa, en aplicación de las atenuantes de confesión y reparación del daño.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled ha fijado para Fèlix Millet y su exmano derecha en el Palau de la Música Jordi Montull una multa de 22 millones de euros, mientras que para la exdirectora financiera Gemma Montull ha pedido una multa de 10 millones, así como el pago de 14.600 euros para sustituir el tercer año de cárcel, lo que le evitaría ingresar en prisión.

En su declaración del pasado 8 de marzo, en las primeras sesiones del juicio por el expolio del Palau, tanto Fèlix Millet como Jordi Montull y su hija Gemma reconocieron haber participado en el saqueo de la entidad cultural y aseguraron que parte del dinero distraído fue a parar a CDC, en "mordidas" que les hacía llegar Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública.

El fiscal ha rebajado la participación de Gemma Montull en esta trama al papel de cómplice y le ha retirado la acusación por delitos de defraudación tributaria, lo que le ha permitido reducir su petición final de pena hasta los 3 años de cárcel, al aplicarle también las atenuantes de confesión y reparación del daño.

En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal remarca que Fèlix Millet y Jordi Montull han confesado en el juicio y han aportado al juzgado importantes sumas y bienes, aunque "no obstante no cubren el estratosférico perjuicio causado" con el expolio.

Respecto a Gemma Montull, el fiscal resalta que en su declaración reconoció "con sumo detalle la realidad de los hechos criminales que se le atribuyen", facilitando de esta forma "la comprensión" de las pruebas incorporadas en la causa.

Por contra, para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado de recibir las "mordidas" de Ferrovial por valor de 6,6 millones de euros a través del Palau de la Música, el fiscal ha aumentado su petición de pena hasta los 8 años de prisión y diez millones de euros de multa, frente a los 7 años y medio de cárcel que pedía inicialmente.

En concreto, Ulled ha elevado la pena para Osàcar relativa al delito de tráfico de influencias hasta los dos años de cárcel -frente al año y medio que pedía inicialmente-, mientras ha mantenido los seis años de prisión por blanqueo.

Osàcar ha negado siempre haber participado en el expolio del Palau de la Música y que la constructora Ferrovial hiciera llegar "mordidas" al partido a través de la entidad cultural.

Al igual que ha ocurrido con Osàcar, el fiscal también ha incrementado en medio año su petición para los dos exdirectivos de Ferrovial acusados, Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, que de esta forma afrontan una solicitud de pena de cinco años de cárcel.

Ambos representantes de Ferrovial han negado también en el juicio su participación en el supuesto desvío de fondos y han alegado que el dinero que entregaban al Palau de la Música estaba justificado por la realización de convenios de colaboración cultural.

Para la exdirectora general del Palau de la Música Rosa Garicano, a quien el fiscal pedía inicialmente una pena de ocho años y medio de cárcel y una multa de doce millones, el ministerio público ha solicitado finalmente seis años y medio y una multa de 5 millones.