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CORRUPCIÓN

Piden 5 años para Rato por ocultar la situación de Bankia

Actualizada 23/06/2017 a las 09:58
El FROB señala también a otros tres ex altos cargos || Dice que los inversores asumieron un riesgo “extremandamente alto”
Rodrigo Rato, dimarts passat.

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© Rodrigo Rato el pasado martes.

EFE

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejerce la acusación particular en el caso Bankia, solicitó este jueves al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que abra juicio oral contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, para quien solicita cinco años de prisión, y otros tres ex altos cargos porque ocultaron “de manera consciente” la situación de la entidad en su salida a Bolsa en 2011 y reclama que les indemnice por los procedimientos civiles instados por los inversores que perdieron dinero con el debut bursátil.

En el escrito de acusación, el FROB señala, además de Rato, al expresidente de Bankia José Luiz Olivas, para quien pide cuatro años de cárcel, al exconsejero José Manuel Fernández Norniella, para quien solicita tres años, y al ex consejero delegado Francisco Verdú, dos años y siete meses pide en su caso. Igualmente pide el archivo de la causa para el resto de exconsejeros, Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

Al igual que defiende el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el FROB expone que la excúpula del banco ocultó su “verdadera situación” con el fin de afrontar su futuro y obtener “a toda costa” los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital requeridas en aquel momento.

Ello se tradujo en un perjuicio patrimonial ya que se ignoró la “capital circunstancia” de que BFA-Bankia iba a necesitar a medio plazo capital para corregir el deterioro de sus activos crediticios.

Respecto al folleto de salida a Bolsa de la entidad que recogía las cuentas trimestrales a fecha de marzo de 2011, el FROB reconoce que es cierto que los acusados informaron “de manera exhaustiva” de los factores de riesgo que conllevaba la oferta aunque entiende que la descripción del tríptico estaba más pensada para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que al inversor. Según el escrito, los inversores asumieron un riesgo “extraordinariamente superior” al que conlleva una simple operación bursátil.

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