El Tribunal de Cuentas reclama a Mas, Homs, Ortega y Rigau 5 millones de euros por el 9-N

El Tribunal de Cuentas activó este miércoles el nombramiento de un instructor para que practique diligencias y proceda a la apertura de una investigación para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamar al expresidente de la Generalitat, Artur Mas y al exconseller de Presidencia, Francesc Homs, y las también exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros.

El Tribunal de Cuentas dictó este miércoles sendos autos sobre este procedimiento. En uno de ellos desestima el recurso de revisión interpuesto por la Generalitat contra las decisiones adoptadas hasta entonces por el órgano fiscalizador y en el otro ordena que se dé traslado de sus actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que ésta proponga a la Comisión de Gobierno del tribunal el nombramiento de un delegado instructor que proceda a investigar.

Corominas asegura que sería “poco inteligente” dar pistas sobre cómo comprarán las urnas

En concreto, en el recurso desestimado por independentista por el tribunal, la Generalitat solicitaba el archivo de las diligencias y que no se permitiera la personación en el procedimiento de la Abogacía del Estado, que había solicitado entrar ante la posibilidad de que en la consulta del 9-N se hubieran podido “ver afectados fondos públicos de carácter estatal”.

La Abogacía del Estado, cuya personación ratifica ahora el tribunal, solicitó que se nombre un instructor, al igual que la Fiscalía, partidaria de la apertura de la investigación contra Mas, Homs, Ortega y Rigau “para determinar sus responsabilidades por el gasto de 5,12 millones de euros en las votaciones del 9N” de 2014.

Es decir, ambos apoyan la denuncia que dio origen a este procedimiento que fue presentada por Societat Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

El portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Jordi Turull, replicó al Tribunal de Cuentas que no podrá parar el 1-O porque es un “tsunami democrático” que nadie podrá frenar. Lamentó que el Estado insista en estas acciones para frenar el proceso soberanista, e ironizó sobre la cuantía de los cinco millones de euros: “Si se piensan que por menos de un euro por catalán frenarán la independencia es para reírse”.

Turull recomendó a Madrid que empiece a hacer números de cómo saldrá adelante sin Catalunya: “Yo los empezaría a hacer”, y aseguró que una independencia negociada sería beneficiosa para ambas partes.

Insistió en que si gana el ‘sí’ el 1-O se declarará la independencia desde el Parlament y entonces el caso catalán dejará de ser “un asunto interno” para coger relevancia en el ámbito internacional. Participó este miércoles en un coloquio junto al exlehendakari Juan José Ibarretxe, que mostró su apoyo al procés.

El detalle

Batea se plantea celebrar una consulta para unirse a Aragón. El alcalde de Batea, Joaquim Paladella, estudia la posibilidad de celebrar un referéndum en el pueblo para decidir si se anexiona a Aragón al sentirse “discriminado” por la Generalitat de Catalunya. Paladella explicó este miércoles que el conflicto con la Generalitat parte de 2010 cuando firmaron un convenio para construir una residencia de ancianos, que ya está “terminada y amueblada”, pero el Govern no ha concertado las plazas para los usuarios. Critican que el Executiu no cumple compromisos que están firmados y avalados en el Parlament: “Esto contrasta con cuando dicen que las resoluciones del Parlament son soberanas y se tiene que cumplir, y en nuestro caso no se respetan”, dijo.  

Fiscalía perseguirá la compra de urnas y a los voluntarios El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dijo este miércoles que la Fiscalía perseguirá penalmente la compra de urnas para el referéndum tanto si se hace públicamente como si se hace de manera encubierta, porque a su juicio constituiría un delito de malversación. Maza dijo que, a raíz de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del proceso independentista, aquellos que cometan actos en esa línea estarán cometiendo un delito, ya sea de prevaricación, malversación, desobediencia u otros. Y la Fiscalía lo perseguirá mediante la presentación de querellas o la ampliación de las mismas. De hecho, opinó que si la compra “se hace encubiertamente, casi se está dando por sentado que aquello es algo inconfesable, que no se puede hacer público”. Además, el fiscal general reconoció que, de celebrarse el referéndum, habría que estudiar si los voluntarios que participen en su organización estarán incurriendo en delito o no. Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas, afirmó que “sería poco inteligente” por parte del Govern y del Parlament que sabiendo que el Estado está usando a la policía, la Fiscalía y los juzgados para impedir el referéndum, dar más pistas de la cuenta a la hora de decir cómo comprarán las urnas. Además, el Financial Times publicó este miércoles un artículo de opinión en el que critica las actuaciones de Rajoy para parar el ‘procés’. Aseguran que le queda poco tiempo para evitarlo y que a cada intervención judicial crece el independentismo.