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El Tribunal de Cuentas no exigirá de inmediato fianza a los promotores del 9N

  • EFE
Actualizada 06/09/2017 a las 17:05
El Tribunal de Cuentas ha aclarado hoy que la citación del expresidente catalán Artur Mas y otros ex altos cargos de la Generalitat el próximo 25 de septiembre por los gastos originados en la consulta del 9 de noviembre de 2014 "no exige" el pago de fianza ese mismo día. En una "nota aclaratoria", el Tribunal de Cuentas ha explicado que la citación "no exige afianzamiento alguno", por lo que no tendrán que abonar de manera inmediata los 5,12 millones que les reclama por el 9N. Además de Mas, entre los citados a declarar están los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados, por la consulta del 9N.
También se incorpora a otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

No obstante y aunque el pago no es inmediato, Mas ha denunciado hoy el monto de la fianza y ha asegurado que les deja "simplemente sin ahorros y sin nada".

A juicio de Mas, la citación para el 25 de septiembre es "una amenaza" y el objetivo de la fianza "asustar a todo el mundo" si bien se ha mostrado convencido de que habrá "una respuesta positiva y contundente por parte de las instituciones y el pueblo catalán".
La también citada exconsellera Joana Ortega ha afirmado estar "cabreada" pero "no sorprendida" por la resolución del tribunal, que considera que "ha tenido una celeridad excepcional" porque "había prisa para tenerla antes del 1 de octubre", y ha añadido que "el 9N se hicieron bien las cosas".

El exconseller Francesc Homs se ha mostrado conforme con las declaraciones de sus excompañeros en el Govern y ha criticado a los que "visten de legalidad, como hacía Franco", la fianza, que ha calificado de "abuso de poder", mientras que la exconsellera Irene Rigau ha explicado que si esta fianza "te coge jubilada, quedas muy malparada".

En concreto y según la "nota aclaratoria" hecha pública hoy por el Tribunal de Cuentas, los ex altos cargos están citados para que puedan "consultar la documentación existente en la instrucción y realizar alegaciones para la tutela efectiva de sus derechos de defensa hasta el 25 de septiembre", fecha en que está previsto el levantamiento del acta de liquidación provisional.

En el caso de que el acta de liquidación provisional sea positiva, "y una vez finalizada la instrucción y analizadas las alegaciones presentadas, es cuando se exigirá el depósito y afianzamiento de los daños perjudicados al erario", recoge el escrito. De esta forma, sólo se reclamará la fianza una vez que haya finalizado la instrucción y se hayan estudiado las alegaciones presentadas.

El Tribunal de Cuentas ha añadido que éste es el procedimiento habitual, previsto por ley, en los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos.

El origen de esta citación es un escrito de diversas entidades que solicitaron la incoación de esa investigación por el uso de dinero público en el proceso de consulta secesionista del 9 de noviembre.

En concreto, Sociedad Civil Catalana, Associació Civica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución impulsaron una acción ante el uso de fondos públicos (5.129.833 euros) para una consulta ciudadana "carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria". Hoy también sobre este asunto se ha pronunciado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien ha considerado que la fianza de 5 millones impuesta por el Tribunal "no va a solucionar nada" y sí va a contribuir "a victimizar a según qué personas".

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