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El Estado recurre la ley de ruptura y advierte a los que colaboren con el referéndum

  • EFE
Actualizada 08/09/2017 a las 18:54
El Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de Transitoriedad aprobada este jueves por el Parlament y ha advertido de que deben atenerse a las consecuencias todos aquellos que colaboren con la organización de un referéndum ilegal, entre ellos los ayuntamientos o los voluntarios.

Por segundo día consecutivo, Mariano Rajoy ha presidido una reunión del Consejo de Ministros, y si en la de ayer, de carácter extraordinario, se acordó la presentación de cuatro recursos ante el TC frente a otras tantas decisiones del Parlament y del Gobierno de la Generalitat, hoy se ha dado vía libre a otros dos recursos.

En concreto, el Gabinete ha facultado a Rajoy (previo informe favorable del Consejo de Estado) para que, en cuanto se publique la ley de Transitoriedad aprobada anoche en el Parlamento de Cataluña y que plantea la instauración de una república, dé instrucciones para recurrirla ante el Tribunal Constitucional. En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerado que esta ley implica la ruptura "total y absoluta" con el orden constitucional y pretende abrir un periodo constituyente en Catalunya.

El segundo recurso al TC aprobado hoy va contra determinados preceptos de la ley del código tributario de Catalunya y que pretende impulsar una Hacienda propia. Méndez de Vigo ha destacado que con todo ello el Gobierno demuestra que está preparado para seguir actuando de forma inmediata ante las decisiones de los independentistas y que la mejor prueba es que en 24 horas se ha anulado la ley del referéndum. Y está dispuesto a seguir actuando de la misma forma y sin descartar nada, incluso, si fuera necesario, recurrir al artículo 155 de la Constitución y que supondría la suspensión de la autonomía.

Lo ha sugerido el propio portavoz del Gobierno cuando, al ser preguntado si las palabras de ayer en las que Rajoy dijo que no renunciaba a nada frente a las intenciones de los soberanistas incluía la aplicación de ese artículo del texto constitucional, ha respondido: "Sin renunciar a nada es sin renunciar a nada".

Pero ha querido dejar claro que las medidas serán siempre proporcionadas y se adoptarán en diálogo permanente con los líderes del PSOE y de Ciudadanos, momento en el que ha asegurado que no le consta que haya reticencias de Pedro Sánchez a una reunión a tres con Rajoy y Albert Rivera y que lo importante es el acuerdo existente frente al reto independentista.

De momento y después de que el TC haya anulado la ley del referéndum, ha considerado que está claro que serán delito todos los actos preparatorios de un referéndum ilegal y el Gobierno confía en que todos los alcaldes cumplan la ley. Además, ante los ayuntamientos catalanes que ya se han mostrado dispuestos a facilitar locales para el referéndum, ha recordado que, según el Tribunal Constitucional, serán "colaboradores necesarios" de una ilegalidad y tendrán que atenerse a las consecuencias de la misma.

Al plantearle qué ocurriría con los ciudadanos que voluntariamente puedan participar en la preparación del referéndum y no sean funcionarios, ha subrayado que todo el mundo sabe que se trata de algo ilegal. "El que participe y colabore en un referéndum ilegal lo sabe y todo el mundo debe aceptar las consecuencias de lo que hace", ha recalcado. Y respecto a si se actuaría también contra los ciudadanos que acudieran a votar, ha precisado que las medidas afectarían a quienes organicen un referéndum porque son los responsables del incumplimiento de la ley.

El ministro ha dicho que no le cabe "la menor duda" de que los Mossos d'Esquadra cumplirán la ley y "obedecerán" al fiscal general del Estado, "como lo harán todos los funcionarios". Sí ha admitido que al Gobierno le preocupa que pueda haber altercados en las calles, pero ha precisado que la sociedad catalana siempre se ha caracterizado por su pluralismo y moderación y es la que tiene que rechazar que los extremistas y violentos promuevan ese tipo de acciones en las calles y no sólo no seguirlas, sino rechazarlas.

Méndez de Vigo ha subrayado que el objetivo "irrenunciable" del Gobierno es mantener un clima de concordia cívica y va a seguir actuando con firmeza pero con moderación.

Asimismo, ha recordado que en octubre se cumplirán 40 años del regreso a España de Josep Tarradellas y ha considerado que "sus sucesores pretenden dinamitar la democracia y la legitimidad recuperada tras una dictadura a la que ahora se dirigen sin complejo alguno".
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