Orden a los Mossos de requisar urnas y el Govern recibe la querella y amenaza de cárcel

Fiscales y tribunales se convirtieron ayer de nuevo en protagonistas al exigir a los Mossos que requisen urnas, sobres e impresos electorales, al notificar al Govern y la Mesa del Parlament sendas querellas que podrían incluso llevar a prisión a Carles Puigdemont y su Executiu, y al suspender el Constitucional las leyes de Transitoriedad y de la Hacienda catalana.

Un día después de la multitudinaria manifestación de la Diada en Barcelona, la Fiscalía Superior de Catalunya comunicó al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional que deben impedir el referéndum tomando todas las medidas necesarias. Trapero lo comunicó a los mandos y la comisaría de Información coordinará las actuaciones qure se hagan. Tras el Consell Executiu, el portavoz del Govern, Jordi Turull, recalcó que la “prioridad absoluta” de los Mossos es “perseguir terroristas y evitar atentados”, y no retirar urnas. Carles Puigdemont también pidió “dejar tranquilos” a los Mossos porque su “prioridad” no es “retirar urnas”, sino “velar por la seguridad de la gente”.

Josep Lluís Cleries arremete contra el líder del PP por pretender la “sumisión” de los catalanes

Los miembros del Govern recibieron ayer la notificación judicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ve indicios de que “habrían utilizado arbitrariamente” sus “potestades” al convocar un referéndum que “va a incidir en el ámbito del gasto público”. La querella incluye la amenaza de cárcel para Puigdemont y todo su gabinete. También aprecia indicios de los delitos de desobediencia y prevaricación en la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara, aunque por el momento no entra a pronunciarse sobre el delito de malversación, con lo que no habría riesgo de prisión.

El Constitucional, por su parte, admitió ayer a trámite los recursos del Gobierno central contra las leyes de Transitoriedad y de Hacienda catalana, lo que supone su suspensión automática al menos durante cinco meses. Además, notificó al director de TV3 que no debe dar difusión al referéndum.

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El Gobierno central cree que el artículo 155 de la Constitución, que contempla la suspensión de las competencias de una comunidad autónoma, se puede aplicar “técnicamente” en un plazo de cinco días, pero deja claro que ahora no contempla hacerlo.

Pese a ello, fuentes del Ejecutivo central afirmaron que “no estamos en eso”. Asimismo, el Gobierno del PP cuenta con un retén de 4.000 agentes con los que podría reforzar en 24 horas el número de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya en el caso de que se precisara su participación para garantizar el mandato del Tribunal Constitucional en contra de la celebración del referéndum del 1 de octubre, según fuentes conocedoras del dispositivo de seguridad.

Estas informaciones se hacían públicas después de un fuerte enfrentamiento del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y el senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries. El parlamentario le recriminó su falta de diálogo y que pretenda solo la “sumisión” de los catalanes, al tiempo que defendió el derecho a decidir y el 1-O con una papeleta para el referéndum en la mano. Rajoy pidió al PDeCAT que recapacite ante el 1-O “si no quiere desaparecer”, dijo que él no es el culpable de todo y agradeció el apoyo del PSOE ante lo que considera el golpe independentista.

Rajoy calificó de “muy razonables” los principios sobre los que el PSOE fundamenta su propuesta de diálogo sobre Catalunya y reiteró su disposición a conversar sobre ellos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que 1 de octubre no habrá en Catalunya un referéndum, aunque ve “probable” que haya urnas o un “evento social” con “castellers y butifarradas” en plazas de algunos municipios catalanes.