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Arranca la campaña del 1-O con el foco judicial puesto en 60.000 colaboradores

Actualizada 15/09/2017 a las 08:27
Junqueras deja de enviar los informes de gastos y el Estado podría gestionar facturas
Puigdemont, Forcadell, Sánchez i Junqueras arriben al massiu acte celebrat ahir a Tarragona per arrancar la campanya de l’1-O.

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© Puigdemont, Forcadell, Sánchez y Junqueras llegan al masivo acto celebrado ayer en Tarragona para arrancar la campaña del 1-O.

EFE

La campaña para el referéndum independentista del 1 de octubre arrancó ayer con un acto unitario en Tarragona y varias intervenciones en otras ciudades y pueblos e inicialmente sin incidencias, aunque con el foco judicial puesto sobre 60.000 personas implicadas. La Generalitat anunció al Estado que no enviará más informes de gastos semanales.

Los partidos y entidades independentistas arrancaron anoche la campaña para el referéndum con un acto central en Tarragona y otros en Lleida a pesar de la nueva oleada de querellas de la Fiscalía, en este caso contra los presidentes de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM), Neus Lloveras y Miquel Buch, por colaborar con los preparativos del 1-O, y contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral Catalana, después de la citación el miércoles a más de 700 alcaldes (200 de Lleida) como imputados.

La Generalitat también adoptó medidas para llevar a cabo la votación y el Gobierno reaccionó con otras -además del frente judicial- para evitarla. La Generalitat hizo el sorteo para elegir a los casi 55.000 miembros de las mesas electorales (ver desglose) y anunció que el vicepresidente Junqueras ha comunicado por carta al ministerio de Hacienda que deja de enviar los informes semanales sobre sus gastos por considerarlos un “control político”. Por ello, no informará al Gobierno hasta después del 1-O. Hacienda anunciará hoy medidas contra esta decisión, que podrían pasar por la gestión de las facturas de la Generalitat.

Asimismo, el Govern alcanzó un acuerdo con el ayuntamiento de Barcelona para que se pueda votar en la ciudad. Mientras, el Gobierno central envió una nueva carta a secretarios e interventores municipales reiterando que los ayuntamientos no pueden ceder locales ni permitir propaganda del 1-O. Su delegación en Catalunya advirtió al Tarraco Arena, propiedad de la diputación de Tarragona pero gestionado por una empresa privada, que el acto de inicio de campaña era ilegal. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que no les “temblará el pulso” y anoche la Guardia Civil registró una imprenta en Sant Feliu de Llobregat en busca de documentación vinculada a la consulta.

La maquinaria judicial del Estado podría afectar a 60.000 personas entre Govern, altos cargos, alcaldes, síndicos electorales, los 18.000 titulares de las mesas electorales y 47.000 voluntarios inscritos.

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