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ESNOTICIA

La Guardia Civil entra en 9 consistorios y pide los decretos de apoyo al 1-O

Actualizada 26/09/2017 a las 11:07
El fiscal ordena que lo requieran a 31 secretarios junto con información de las urnas
L’alcalde d’Oliana sosté l’escrit amb què la Guàrdia Civil va requerir la documentació.

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© El alcalde de Oliana sostiene el escrito con el que la Guardia Civil requirió la documentación.

Cynthia Sans
L’alcalde d’Oliana sosté l’escrit amb què la Guàrdia Civil va requerir la documentació.

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© El alcalde de Oliana sostiene el escrito con el que la Guardia Civil requirió la documentación.

Òscar Mirón
L’alcalde d’Oliana sosté l’escrit amb què la Guàrdia Civil va requerir la documentació.

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© El alcalde de Oliana sostiene el escrito con el que la Guardia Civil requirió la documentación.

Òscar Mirón

Agentes de la Guardia Civil entraron ayer en 9 ayuntamientos de Lleida y pidieron a sus secretarios una copia del decreto en apoyo al 1-O. Las actuaciones se enmarcan en la orden de la Fiscalía para que requieran esta información a los secretarios de hasta 31 consistorios, los mismos que fueron citados a declarar a lo largo de la semana pasada.

La Guardia Civil entró ayer en nueve ayuntamientos de Lleida y pidió a sus secretarios municipiales una copia del “decreto” firmado por los alcaldes en apoyo al referéndum del próximo domingo. Estas intervenciones se enmarcan en la orden de la Fiscalía de Lleida a la benemérita para que como policía judicial requiera a los secretarios de hasta 31 ayuntamientos leridanos para que entreguen una “copia auténtica” del escrito de apoyo al 1-O y también cualquier otra “resolución, oficio o comunicación” confirmando la disponibilidad de locales para la votación del domingo. La cifra de ayuntamientos coincide con la de primeros ediles de Lleida que ya han sido citados a declarar. En algunos casos, los agentes pidieron también copia del correo electrónico de respuesta al President Puigdemont ofreciendo los centros de votación. Las entradas de la Guardia Civil se llevaron a cabo entre las 9 y las 13.00 horas aproximadamente y lo hicieron en Oliana, Alpicat, Almacelles, Aitona, Seròs, Tàrrega, Bellpuig, Balaguer y Guissona. Se trata de nueve ayuntamientos cuyos alcaldes acudieron a la citación del fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, para declarar como investigados por los delitos de desobediencia y prevaricación por colaborar con el referéndum. Todos ellos se negaron a declarar y Fiscalía pide pruebas de su contribución a la logística del 1-O. La mayoría de los alcaldes llamados por el fiscal habían acudido, salvo en los casos de Bell-lloc, Alcarràs y Seròs (ver pàgina 4), los tres de ERC, que negaron a ir, mientras que otros tres (también diputados, y por lo tanto aforados, Albert Batalla, David Rodríguez y Bernat Solé) están llamados a dar su versión el próximo miércoles y jueves.

Fiscalía inició sus actuaciones por orden del Fiscal General del Estado a partir de la lista de la AMI y la ACM sobre ayuntamientos que avalaron en un manifiesto (posteriormente mal llamado decreto) su adhesión al referéndum, en la que, con los últimos datos del pasado día 14 había más de 730 ayuntamientos catalanes, de los que 194 son de Lleida. Esta semana no parece haber nuevas citaciones por lo que fiscalía seguiría actuando sobre la treintena de ayuntamientos de municipios de mayor población.

 

Los ayuntamientos requeridos coinciden con los de los alcaldes ya citados por la fiscalía
La policía judicial pide todos los escritos vinculados a la celebración del referéndum el domingo

 

Una de las primeras visitas de los agentes de la benemérita ayer fue al ayuntamiento de Oliana, cuyo alcalde, Miquel Sala, se hallaba en los juzgados de La Seu dando su apoyo al primer edil de Bellver (ver pág. 4). Al saber de la presencia de la policía en el ayuntamiento, Sala declaró que “ahora cada mañana nos despertamos con algo nuevo, no sabemos hasta donde llegaremos”. Los agentes constataron que el alcalde no firmó un decreto, sino que respaldó el referéndum a través de un manifiesto, informa C. Sans. Alrededor de las 13.00 horas, los agentes se presentaron en Balaguer, y el alcalde, Jordi Ignasi Vidal, apuntó que dieron la documentación que les pidieron “sin problemas” porque considera que “no hemos hecho nada malo”.

El alcalde de Bellpuig, Salvador Bonjoch, aseguró que “era lógico que vinieran a buscar estos documentos después de habernos citado a declarar la semana pasada”. Pese a todo, Bonjoch criticó las acciones llevadas a cabo por el Estado español en la última semana, informa Segre Tàrrega. Por su parte, la alcaldesa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, calificó la actuación de “un paso más en el asedio y la presión a los alcaldes”. El hecho de que los agentes fueran de paisano hizo que en la mayoría de poblaciones pasaran inadvertidos, a excepción de Guissona, donde algunos vecinos que habían sido alertados les acompañaron desde el ayuntamiento hasta el vehículo pidiéndoles que se fueran de la localiad, informa X. Santesmasses.

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