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Trapero alerta que precintar los locales del 1-O afectaría a ambulatorios y geriátricos

Actualizada 27/09/2017 a las 18:48
El mayor de los Mossos se ha comprometido a aplicar la instrucción de la Fiscalía 
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha alertado este miércoles de que la "estricta aplicación" de la orden de la Fiscalía para impedir el 1-O tendría consecuencias "no deseadas", ya que obligaría a suspender la actividad en servicios "esenciales" como hospitales, ambulatorios y geriátricos.

En un escrito que hoy ha entregado hoy al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, al que ha tenido acceso Efe, el mayor se compromete a aplicar las instrucciones de la Fiscalía para evitar el referéndum del 1-O, aunque de acuerdo con los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia" para evitar el "previsible riesgo de alteraciones del orden público".

Trapero expresa en su escrito una batería de objeciones y peticiones de aclaración a la Fiscalía sobre su instrucción de precintar los colegios electorales, con las que, según precisa, pretende "dar el mejor y más adecuado cumplimiento" de las directrices del ministerio público.

Según Trapero, la "estricta aplicación" de la instrucción de la Fiscalía de precintar los puntos designados como colegio electoral "podría comportar unas consecuencias no deseadas para nadie en relación a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar".

Trapero detalla que entre los puntos designados como locales de votación existen centros educativos, pero también ambulatorios, hospitales y centros médicos, bibliotecas, juzgados, geriátricos, pabellones deportivos, entidades religiosas, locales de medios de comunicación, asociaciones de vecinos, teatros, centros de ocio ("esplais") y guarderías. "El cierre o precinto de estos locales o establecimientos supondría impedir el desarrollo de las actividades que ordinariamente se realizan en estos espacios, lo que, por su relevancia, pueden tener afectación sobre la prestación de servicios públicos esenciales e, incluso, podrían comportar una afectación a derechos fundamentales de los ciudadanos", alerta Trapero.

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