Madrid amenaza con hasta 300.000 euros a los miembros de las mesas

La Agencia Española de Protección de Datos advirtió ayer que quienes participen mañana en las mesas del referéndum podrían incurrir en una infracción de la normativa sancionada con hasta 300.000 euros. Esta agencia explicó en un comunicado que lanzó la advertencia tras las consultas recibidas por parte de ciudadanos y por la posibilidad de que los integrantes de esas mesas tratasen y cediesen datos del censo electoral catalán. Subrayó que la ley del referéndum fue suspendida por el TC y que los miembros de la Sindicatura Electoral de Catalunya renunciaron a sus cargos “dejando previamente sin efecto las resoluciones y los acuerdos adoptados”. Sin embargo, la Autoritat Catalana de Protecció de Dades se desmarcó de la alerta y aseguró que “en ningún caso” se puede multar a los miembros de las mesas. En un comunicado, aseguró que los miembros de las mesas electorales “no son responsables del tratamiento de los datos personales, ya que tal condición la ostenta la administración electoral correspondiente”: según la ley del referéndum, el responsable del censo es el Govern. “Las eventuales responsabilidades derivadas del tratamiento de datos personales llevada a cabo por las personas que integran las mesas no recaería nunca en estas personas”, sino en la autoridad electoral. Por su parte, el conseller de Justicia, Carles Mundó, calificó directamente de “mentira” la amenaza de la Agencia Española. “Es un intento de amenazar e intimidar, y de incorporar el miedo en el debate. Es un intento de espantar a la gente”, lamentó.

Retiran competencias a los funcionarios de escuelas Las consellerias de Benestar Social y Ensenyament retiraron ayer las competencias de los funcionarios de escuelas, albergues y centros cívicos públicos en una medida para quitar toda responsabilidad a estos trabajadores y asumirlas ellas de cara a la apertura de puertas como sede electoral. Después de que directores de escuelas e institutos mostraran intranquilidad, dados los advertimientos de la Fiscalía, la consellera Clara Ponsatí asumió la responsabilidad de los centros de enseñanza hasta las 7 horas de la mañana del lunes. En el caso de Treball, Benestar Social i Familia, se blindará a los responsables de centros cívicos y albergues dispuestos como punto de votación, y la consellera Dolors Bassa asume la responsabilidad. Ambas firmaron una resolución en que asumen la competencia que tienen atribuidas los responsables de los equipamientos en su persona, algo que responde a la “situación excepcional”. Pese a ello, cinco colegios de Barcelona solicitaron ayer a los Mossos d’Esquadra que precintaran los centros para evitar que padres y alumnos se concentraran en su interior para facilitar así la votación de mañana, como está ocurriendo en muchos colegios.