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Trapero y los presidentes de la ANC y Òmnium, imputados por sedición

Por su actuación el 20 y 21 de septiembre, durante los registros de la Guardia Civil a varias instituciones catalanas || Reciben el apoyo del Govern, Forcadell y la AMI

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La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar mañana en calidad de investigado al major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y a los presidentes de la ANC y Onmium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un presunto delito de sedición en relación a los incidentes que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la conselleria de Economía en Barcelona, cuando la Guardia Civili registraba varias instituciones catalanas. El delito de sedición puede conllevar penas de hasta 15 años de cárcel.

El major de los Mossos informó ayer que declarará que la policía catalana ha cumplido “estrictamente” las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O. En una serie de mensajes en Twitter y en una carta que la cúpula de los Mossos remitió a todos los agentes, los mandos de la policía catalana aseguran que en la comparecencia judicial el major aportará toda la información sobre las actuaciones que la policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre. Por su parte, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, dijo que aún no tiene claro si ir a declarar y aseguró que “el Estado ha enloquecido, definitivamente”. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, aseguró que el escrito de la Fiscalía está “lleno de imprecisiones y falsedades” y afirmó que no reconoce el delito. Los investigados recibieron ayer el apoyo del vicepresident de la Generalitat, y líder de ERC, Oriol Junqueras: “Investigados por obedecer la voluntad del pueblo de Catalunya. Todo nuestro apoyo Trapero, Sànchez y Cuixart. ¡No estamos solos!”, escribió en twitter. Por el mismo canal, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, mostró su apoyo a los investigados por su “excelente” trabajo y civismo. También recibieron apoyo del PDeCAT y de la AMI. En cambio, desde el PP su coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, dijo que “desafiar al Estado de Derecho tiene sus consecuencias” y el portavoz del partido en el Congreso, Rafael Hernando afirmó que “los que quebrantan la ley, les llega su turno”.

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