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CATALUNYA

Fiscalía pide detener a Puigdemont y 4 consejeros que no han ido a declarar

Actualizada 02/11/2017 a las 19:56
La petición afectaría a Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig y Serret.
La massiva roda de premsa de Puigdemont i sis membres del seu Govern.

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© La masiva rueda de prensa de Puigdemont y seis miembros de su Govern.

EFE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la juez Carmen Lamela que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que no han acudido hoy a su citación por rebelión, sedición y malversación.

La petición afectaría así, aparte de a Puigdemont, a los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

En un escrito dirigido a la juez, el fiscal le reclama que ordene la busca, captura y detención de los cinco "en el ámbito nacional e internacional", si bien precisa que emita OEDEs dirigidas a las autoridades belgas, al constar que han viajado a ese país.

Dice la Fiscalía que "constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso" por parte de estos cinco investigados para los que pide la detención.

Por su parte, añade el ministerio fiscal, Puigdemont "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual".

"Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados", pese a lo cual, destaca el fiscal, estas cinco personas "no han comparecido" como sí han hecho los otros nueve querellados por rebelión, sedición y malversación por el proceso independentista catalán.

De acordarlo la juez, una vez emitida la orden de detención, los huidos, que anoche decían estar en Bélgica, podrían ser detenidos en cualquier momento y ser puestos a disposición de un juez, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares. 

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