ENERGÍA AYUDAS
El Supremo admite a trámite cinco recursos de las eléctricas para tumbar el bono social
Las operadoras discrepan sobre el modelo de financiación de esta prestación || El sistema actual ahora impugnado sustituye a otro que fue invalidado por el Alto Tribunal
La sede del Tribunal Supremo, en Madrid, ha admitido los recursos.
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la admisión a trámite por el Tribunal Supremo de cinco recursos contencioso-administrativos contra el real decreto regulador del bono social eléctrico. Con este anuncio, se inició un período de nueve días para que los interesados en personarse en el proceso puedan hacerlo.
Las promotoras de estos recursos fueron Iberdrola, la patronal eléctrica Unesa, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, Integración Europea de Energía y dos empresas del grupo EDP.
Las eléctricas exigen que el bono social sea financiado a costa de los presupuestos de las administraciones
Estas compañías argumentan que el nuevo bono social, que fue aprobado por el Gobierno en diciembre de 2016 y convalidado por el Congreso de los Diputados en enero con 248 votos a favor, 77 en contra y 15 abstenciones, al ser una ayuda de carácter social para familias con pocos recursos, debería ser financiado a cargo de los presupuestos de las administraciones públicas, y por todas las comercializadoras eléctricas.
En este sentido, estos cinco recursos se sumaron a otro presentado por Viesgo Infraestructuras Energéticas y que ya fue admitido a trámite el pasado 23 de noviembre. Viesgo, aunque reconocía la necesidad de un bono social, también cuestionaba el modelo de financiación de esta prestación.
El bono social ahora impugnado sustituyó a otro que fue invalidado por el propio Tribunal Supremo al entender que infrigía la normativa de la Unión Europea en materia de regulación común del mercado interior de electricidad.
En este caso, el Supremo dictaminó que las indemnizaciones a las empresas eléctricas por haber sufragado el coste del bono social en los años 2015 y 2016 debían ser pagadas a costa del sistema eléctrico, cuyo superávit fue de 421,45 millones de euros el año pasado, según informó el viernes la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Ahora, para evitar uno de los puntos débiles del anterior bono, que era que únicamente era financiado por las comercializadoras de electricidad que desempeñaran además actividades de generación y distribución eléctrica, la nueva norma fijó que todas las comercializadoras lo sufragaran.
Este aspecto también fue impugnado en los recuros admitidos a trámite ahora por el Tribunal Supremo, ya que las comercializadoras de último recurso entienden que el margen de beneficio que se les reconoce es tan reducido que se encuentran en pérdidas.
Colau impugna esta fórmula por invasión de competencias El Ayuntamiento de Barcelona informó el viernes de la presentación de un recurso contra el bono social ante el Tribunal Supremo para reclamar su “nulidad”. Este recurso, que se encuentra en fase de admisión a trámite, denuncia que la normativa actual sólo reconoce el derecho al bono social si la administración asume la mitad de su factura. Así pues, el consistorio gobernado por Ada Colau aseguró que el decreto regulador, que entró en vigor el pasado mes de octubre, es contrario a la Constitución y a la directiva europea sobre el mercado eléctrico. Asimismo, el gobierno municipal de Barcelona consideró que la norma invade competencias en materia de servicios sociales que corresponden a la Generalitat y al municipio. En palabras de la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, este bono social “no responde a los intereses de la clase popular y de las personas vulnerables”.
