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EUROPA CORRUPCIÓN

España desoye las medidas contra la corrupción del Consejo de Europa

Actualizada 04/01/2018 a las 11:09
Incumple sus recomendaciones de buenas prácticas parlamentarias y de la judicatura || Se viraliza un vídeo de la juez Alaya criticando la independencia judicial
Imatge d’arxiu del ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá.

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© Imatge d'arxiu del ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá.

EFE

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha publicado su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación que finaliza en diciembre de 2018 en el que recrimina a España de no cumplir con ninguna de las once medidas propuestas por para luchar contra la corrupción. Cuatro recomendaciones no han sido implementadas y otras siete lo han sido parcialmente.

El dictamen es que la situación de España es “globalmente insatisfactoria” y eso que en el anterior informe solo eran seis las recomendaciones que cumplía parcialmente. Un tema en el que insiste mucho el Consejo de Europa es que los parlamentarios deben detallar en sus declaraciones de bienes los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados.

Sobre los parlamentarios, hace cuatro recomendaciones, de las que España no cumple dos: adoptar un código de conducta público y crear un sistema para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses económicos, bienes y actividades complementarias que presentan los diputados y senadores.

En el apartado para evitar la corrupción en la Fiscalía, el GRECO toma nota de que en el Congreso se esté analizando cómo mejorar su autonomía, pero considera que la comunicación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno debe realizarse de manera transparente, por escrito y con una publicidad adecuada.

Respecto a los jueces, el GRECO reitera que los miembros del Congreso no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales del CGPJ y recomienda que se fijen por ley criterios objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura. También pide que se amplíe el periodo de caducidad de los procedimientos disciplinarios contra magistrados.

El mismo día que se daba a conocer este informe se hizo viral en la red el fragmento de una conferencia de la jueza Mercedes Alaya del pasado mes de junio en el Ateneo de Madrid, en el que criticaba con dureza el control político del poder judicial, y cuestionaba justamente eso que también pone en duda el Consejo de Europa: la independencia del poder judicial español.

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