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El Govern planeó el "conflicto" con el Estado una vez que los jubilados cobraran su paga doble, según la Guàrdia Civil

  • EFE
Actualizada 02/02/2018 a las 13:15
El Govern de Carles Puigdemont se planteó aprobar las leyes de desconexión a partir del mes de julio de 2017, para buscar un "conflicto abierto" con el Estado una vez los pensionistas y funcionarios hubieran cobrado sus pagas dobles de verano.
Así lo sostiene la Guardia Civil en el informe sobre varios correos electrónicos que se intercambiaron a principios de 2016 Josep Maria Jové, exnúmero dos de la consellería de Economía y principal investigado por los preparativos del referéndum, Carles Viver Pi i Sunyer, expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, y Josep Maria Reniu, otro de los exmiembros de este organismo.

Según el informe que la Guardia Civil elaboró con el análisis de esos correos cruzados, a que ha tenido acceso Efe, esos tres miembros del núcleo duro que impulsó el proceso estudiaron, como variación a la hoja de ruta inicial, promover un escenario de "conflicto abierto con el Estado" para alcanzar la independencia.

En los correos, intervenidos por orden del juez que investiga los preparativos del 1-O, Jové, Viver Pi i Sunyer y Reniu apuntaron que para lograr un "enfrentamiento abierto con el Estado es clave el momento temporal en que se realizará, eligiendo la época del año adecuada para reducir los potenciales efectos del Estado en contra".

En ese sentido, "valoran" que se enfrentamiento tuviera lugar en julio, "una vez se hubiesen abonado las pagas dobles a pensionistas y funcionarios, ya que el Estado perdería una parte importante de respuesta en el ámbito más sensible: sueldos y pensiones", añade el informe de la Guardia Civil.

Los correos, según el instituto armado, apuntan a que el núcleo duro independentista estudió "centrarse en la utilización de la ley de transitoriedad jurídica como la verdadera proclamación de independencia", tras lo que se convocarían elecciones constituyentes "atendiendo a que la conexión ya se habrá producido".

Una de las alternativas sugeridas por Viver Pi i Sunyer, también investigado por el juez que indaga los preparativos del 1-O, era "aprobar el paquete legislativo comentado incorporando una cláusula suspensiva temporal, de manera que se aprobaran las leyes pero condicionando su aplicación a la efectiva obtención de la mayoría absoluta de los escaños y de los votos en las elecciones constituyentes".

Los investigados señalan en los correos que las "fortalezas" de ese escenario es que "desaparece la controversia de la desconexión", ya que la ley de transitoriedad jurídica supondría la proclamación de facto de la independencia, aunque, añade el informe, "el enfrentamiento con el Estado será abierto y claro y será necesario validar el proceso en unas elecciones constituyentes convocadas en el mismo momento".

Los correos plantean asimismo "dudas sobre la capacidad de todos los actores independentistas", por lo que apuestan por "preparar un plan de contingencia sobre la base de los cargos electos locales", añade el informe.
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