Frontal rechazo a la maniobra del Gobierno para vehicular la educación en castellano

La propuesta del Gobierno central de introducir el castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas se encontró ayer de frente con el rechazo generalizado de la comunidad educativa y de la mayoría de partidos. En este sentido, el portavoz de la Junta de Directores de Catalunya, Artur Ramírez, manifestó que la medida anunciada es “sectaria” e “ilegal”, porque para introducir la lengua castellana como vehicular en la prescripción escolar “se ha de modificar la ley de educación catalana”. En la misma línea, el exconseller de Educación y diputado de ERC Ernest Maragall explicó que “la ley es muy clara” y dice que “los alumnos no pueden ser separados por razón de lengua”. “Lo que proponen es ilegal”, subrayó. Igualmente, la Federación de AMPAS catalanas (FAPAC) insistió en que defenderá “siempre el modelo de escuela catalana y la inmersión lingüística” y que trabajarán “por la igualdad de oportunidades de todos los niños sin segregarlos según su lengua”. Por otro lado, Carles Puigdemont acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de “sobrealimentar” al nacionalismo español a costa de “dividir a los alumnos catalanes por razón de su lengua”. También, el vicepresident Oriol Junqueras llamó a preservar el modelo lingüístico, ya que “es un patrimonio construido entre todos”. Asimismo, el portavoz de JxCat Eduard Pujol remarcó que la inmersión es un sistema “exitoso que ha permitido cohesionar e integrar”. Pujol explicó que “estamos ante un nuevo atentado” contra la “convivencia” y se mostró convencido de que “no se saldrán con la suya”. La exconsellera de Educación Irene Rigau señaló que el objetivo del PP es “victimizar” a los padres que deseen escolarizar a sus hijos en castellano para “separar” a los catalanes. Igualmente, el senador de ERC Àngel Estradé culpó al “españolismo” de “querer aniquilar la escuela catalana”. También el líder de CatComú-Podem, Xavier Doménech rechazó que “un partido con 4 diputados” acabe con un modelo de consenso. Finalmente, incluso el PSOE rechazó que se utilice el 155 para modificar el modelo lingüístico catalán.

Lleida

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut en 2010 mantuvo sin cambios el artículo 35, que fija el uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza, en consonacia con la ley de normalización lingüística de 1983. Sin embargo, lo sujetó a una interpretación que permitía otorgar también este papel al castellano. Se reabrió entonces una puerta que hasta ese momento parecía cerrada: asociaciones y particulares litigaron contra el sistema de inmersión lingüística que la Generalitat había aplicado durante más de tres décadas. El modelo educativo superó con notable éxito estos envites. Sentencias del TC y del Supremo a partir de 2012 rechazaron estos recursos al considerar que pretendían “imponer un nuevo sistema lingüístico” sin que “exista amparo legal para hacerlo” al tratarse de una competencia de la Generalitat.Ningún fallo judicial alteró el sistema de inmersión lingüística en su conjunto, pero sí hubo sentencias que obligaron a cambiarlo en aulas de algunos centros educativos. Surgieron a raíz de demandas de familias asesoradas por la asociación Convivencia Cívica Catalana, que exigían que sus hijos estudiaran en castellano y que lo hicieran “en las mismas condiciones” que sus compañeros”. Las resoluciones obligaron a las escuelas a usar el castellano como lengua vehicular en el 25% de las clases, tanto para los hijos de los demandantes como para el resto de escolares de su mismo curso. Una de estos fallos, el único conocido en Lleida hasta ahora, recayó sobre el instituto Gaspar de Portolà de Balaguer. Despertó movilizaciones en defensa del modelo educativo catalán y no llegó a aplicarse. La familia demandante matriculó a sus hijos en otros centros antes del inicio del curso. Posteriormente denunciarían acoso ante la Comisión Europea, y esta dio carpetazo al asunto argumentando que no era competencia suya.