La Guardia Civil cree que JxSí pagó con subvenciones el acto de presentación del 1-O

La Guardia Civil sospecha que el grupo parlamentario de JxSí pudo pagar con las subvenciones públicas que recibía el acto de presentación del referéndum que se celebró el pasado 4 de julio en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y que costó 17.690 euros.

Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe, al que ha tenido acceso Efe, remitido al juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, en el que cifra en 1,9 millones de euros en total los fondos públicos que el Govern destinó presuntamente a la organización del referéndum de independencia del 1-O.

En su informe, el instituto armado desglosa los gastos del referéndum pagados presuntamente con fondos del Govern: cerca de 980.000 euros destinados al gasto de los servicios postales de Unipost, otros 61.879 para carteles de publicidad, 217.656 para la contratación de observadores internacionales, 152.578 para material electoral y 40.227 para informática, entre otros.

Además, el informe de la Guardia Civil cree que en el 1-O se malversaron otros 17.690 euros por el alquiler del TNC, donde el pasado mes de julio el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó los detalles de la futura ley de referéndum.

El acto, según el informe, fue "gestionado y abonado" por el grupo parlamentario de JxS -que en su día admitió haberlo sufragado e informó del coste- y la Guardia Civil cree que para pagarlo pudo emplear "dinero procedente de subvenciones públicas".

El instituto armado apunta además en su informe que el grupo de JxSí tiene que "rendir cuentas anualmente a la Mesa" de la contabilidad relacionada con las subvenciones que percibe, por lo que ésta debe tener conocimiento del destino de las mismas "y si se han empleado para cubrir los gastos de actos relacionados con el referéndum, como el celebrado en el TNC".

El pasado 13 de julio, el juez que investiga los preparativos del 1-O envió a la Guardia Civil al TNC para requerir documentación sobre el coste y montaje del acto, un evento que según el instituto armado "tenía como objetivo difundir y alentar la participación ciudadana y sobre todo el voto del sí en el referéndum".

El informe, que Llarena encargó a la Guardia Civil para averiguar si el Govern pudo incurrir en un delito de malversación al financiar el 1-O con fondos públicos, revela que se ha abierto otra línea de investigación sobre el posible pago con fondos públicos de unos informes realizados por Carles Viver Pi i Sunyer, expresidente del Consejo Nacional para la Transición, "y su entorno" relacionados con la preparación del referéndum.

La Guardia Civil investiga además los 40.227 euros que se estima costó el acondicionamiento de una central de llamadas habilitada junto al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat para "gestionar y centralizar los datos del referéndum" y el material informático utilizado en el mismo.

Esa partida, que el informe aclara está todavía "en fase de investigación", incluye el coste del material informático que la Generalitat adquirió a la empresa Fujitsu.

Asimismo, el informe incluye cinco facturas que fueron intervenidas en los registros de las oficinas de la empresa Unipost, giradas a los departamentos de Cultura, Vicepresidencia, Salud, Trabajo y Presidencia y que, según la Guardia Civil, no constan en el registro contable de la Generalitat ni está acreditado que fueran finalmente abonadas.

Según la Guardia Civil, sí que existieron "dos intentos de cobro" de una factura que Unipost -empresa donde se intervinieron 56.196 sobres a nombre de la Generalitat supuestamente destinados a los miembros de las mesas del 1-O- tenía confeccionada para el Departamento de Trabajo.

El instituto armado subraya en su informe que, de acuerdo con las "notas de entrega" intervenidas en Unipost por valor de 979.313 euros, las facturas "fueron emitidas y registradas con el sello de salida de esos cinco departamentos", con lo que se conocía "tanto el servicio que se estaba solicitando como el destinatario al que se daba la orden de pedido".

El informe que tiene en sus manos Llarena cifra en 152.578 euros el valor del material electoral que se pretendía utilizar para el referéndum del 1-O, cálculo que se ha efectuado tomando como referencia la relación de precios de cada lote de papeletas -se incautaron un total de 9 millones- y sobres.

La Guardia Civil hace referencia en el escrito a otra investigación en curso abierta por un juzgado de guardia de Igualada, a raíz de la incautación de 1,8 millones de sobres y 2,4 millones de papeletas del referéndum, valoradas en 60.369 euros, en el interior de un camión que estaba descargando en una nave industrial del municipio, apenas unos días antes del 1-O.

La investigación de este juzgado, según el instituto armado, apunta a que ese material fue adquirido a una empresa francesa domiciliada en el municipio de Lezennes.