La Guardia Civil tasa en 1,9 millones de euros el coste del 1-O pero a Hacienda no le consta

La Guardia Civil tasó ayer en 1,9 millones de euros el coste del referéndum celebrado el 1-O, contradiciendo al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que el lunes afirmó en una entrevista que la consulta no se financió con dinero público. En el informe que la Benemérita presentó ante el juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, se indica que la Generalitat se gastó 1.915.067,22 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum. El cuerpo policial sospecha de que los pagos fueron camuflados en distintos gastos gestionados por la entidad nacionalista Òmnium Cultural y por el grupo parlamentario JxSí.

En el desglose de gastos presentado, la Guardia Civil tasa en 502.639,61 euros la publicidad, 980.313,76 euros la contratación de servicios de mensajería atribuidos a la Generalitat, 61.879 euros en carteles publicitarios con el logo de la Generalitat atribuidos a Òmnium Cultural, 217.656,22 euros en el pago de los observadores internacionales, 17.698,20 euos de factura por un acto en el Teatre Nacional de Catalunya atribuido a JxCat, y 152.578,63 euros de valor en el material electoral intervenido.

El presidente del Tribunal de Justicia de la UE aseguró ayer que podrían admitir a trámite un recurso del TS

No obstante, en el informe no se establece cuántos de estos gastos están abonados realmente e indicaron que mantienen diversas líneas de investigación abiertas para poder rastrear las facturas.

La oposición no tardó en exigir respuestas respecto a la diferencias entre la versión de Montoro y el informe de la Guardia Civil. El grupo parlamentario de Ciudadanos solicitó la comparecencia en el Congreso del Ministro para dar explicaciones y exigió dimisiones en el PP si se demuestran los pagos. Por su parte, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, explicó que Montoro deberá “dar cuenta” de sus declaraciones. Tanto ERC como el PDeCAT negaron que existiera malversación y animaron a Llarena a continuar investigando.

Aunque no se demostraran los pagos, fuentes fiscales aseguraron que Puigdemont y su Govern podrían ser perseguidos por un delito de tentativa de malversación, de malversación frustrada o de administración desleal, en base a la reforma penal de 2015. Por otro lado, el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE, Koen Lenaert, aseguró ayer que una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo ante la Justicia Europea sobre las órdenes europeas de detención sería “en principio admisible”.

En otro orden de cosas, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, rechazó ayer asumir la causa que investiga un juzgado de Cornellà contra los principales mandos de los Mossos d’Esquadra por su actuación durante el 1-O.

Madrid

El secretario de Estado de Administraciones Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, consideró ayer que en el referéndum del 1 de octubre pudo haber “otro tipo de malversación”, sin que este implicara un gasto directo o algún tipo de manipulación o falsificación de facturas. Bermúdez de Castro defendió de esta forma al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el lunes aseguró en una entrevista que la Generalitat no había utilizado dinero público para financiar la consulta, cuyas cuentas eran directamente controladas y revisadas por su ministerio. Estas declaraciones llevaron al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a pedir a Montoro que aclarase sus palabras.

En este sentido, el secretario de Estado explicó que cada semana la interventora general de la Generalitat reporta datos y certifica que no hay gasto de este tipo. Aún así, remarcó que esto no implica que las instituciones catalanas entreguen una factura bajo el nombre de “servicios postales” para luego “derivarla y manipularla” con el fin de sufragar otros servicios. Además, indicó que malversar no implica solo gastar dinero, sino que también puede ser “dejar” un edificio público o “gastar luz”, motivo por el que el Govern podría haber cometido el delito sin dejar constancia.

Las grabaciones de la PN no permiten saber quién ordenó las cargasLas grabaciones de radio entregadas por la Policía Nacional del 1 de octubre, solicitadas por el juez de Barcelona que investiga la actuación de los agentes durante esa jornada, no permite saber quién ordenó las cargas policiales. En los audios entregados, los registros sonoros desaparecen en el momento de entrar en los colegios electorales. En cambio, si que quedaron registradas diversas referencias a la intervención de los Mossos d’Esquadra obstaculizando la votación y, en una ocasión, los propios agentes hablando de “manifestantes pacíficos”. Fuentes judiciales apuntaron a una posible intencionalidad de los responsables del operativo para no dejar constancia de la intervención.