Torra cree “inimaginable” que no se acepte su Govern y reclama diálogo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, expresó ayer su esperanza en que el Gobierno central publique hoy el nombramiento del nuevo Govern en el DOGC, pese a que la Moncloa ya informó que no lo haría, e insistió una vez más en la necesidad de dialogar. “No me puedo imaginar que el Gobierno español incumpla la ley. Nosotros esperamos que se publique, no solo el decreto de ámbito y estructura del Govern, sino también el decreto de nombramientos”, aseguró en su visita a las Fires de Maig de Vilafranca del Penedès.

Torra reivindicó que el presidente de la Generalitat es quien tiene la facultad de nombrar consellers, por lo que cree que el Gobierno debe respetar su decisión y que “no puede ser de otra manera”. Reiteró su demanda de diálogo y reclamó “que el diálogo sea la palabra que presida estos meses, que la política dialogue con la política” y no con la justicia.

Asimismo, recordó que ha pedido hablar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que también ha extendido esta petición al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: “Que se una a este diálogo y nos sentemos juntos Rajoy, Sánchez y yo como presidente de la Generalitat”. Además, dijo esperar que el miércoles los consellers que ha nombrado puedan tomar posesión de su cargo y esto levante “definitivamente” la aplicación del artículo 155.

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, advirtió que los líderes políticos catalanes “resistirán y persistirán” para lograr la libertad de los presos.

Por su lado, el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, criticó la decisión de mantener el 155 en y lo atribuyó a una pugna entre PP, Cs y PSOE “para ver quien es más ultra”. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, acusó al Gobierno de que “desprecian sus leyes, ignoran la democracia y humillan la voluntad mayoritaria de los catalanes. ¡Es una Vergüenza!”.

Desde ERC, el diputado en el Congreso Gabriel Rufián denunció la “carrera de hooligans entre el PP y Cs, con el silencio cómplice del PSOE y Pedro Sánchez”.

Por último, el portavoz de la CUP, Lucas Salellas denunció que “la actitud colonial” del Estado y la “restitución parcial” del Govern “no son excusas” para no hacer un ejecutivo paritario y advirtió que “no avalarán” el nuevo Executiu porque es “totalmente masculinizado”.

MADRID

Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull afirmaron ayer en twitter que si el Gobierno no publica sus nombramientos en el DOGC incurriría en “prevaricación”, ya que han defendido tener sus “derechos políticos intactos” para ejercer el cargo con “plenitud” y en “libertad”. “Tenemos nuestros derechos políticos intactos, hemos pedido la libertad para ejercer el cargo con plenitud. No publicar los nombramientos porque no son de su gusto es un ejercicio de prevaricación; mantenerlos, un acto de dignidad perfectamente legal”, anotó Turull, mientras que Rull lanzó una advertencia: ¿Desde cuándo la prisión preventiva por rebelión inexistente es una condena firme? ¿Pero qué es esta vergüenza?

Por su parte, su abogado aseguró que no confía en que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acepte su petición de ponerlos en libertad provisional para tomar posesión de sus cargos el próximo miércoles.

BRUSELAS

Los nuevos consellers de Cultura y Salud de la Generalitat, Lluís Puig y Toni Comín, aseguraron ayer que dimitirán si creen que no pueden ejercer su cargo de manera efectiva desde Bélgica. “Creo que todos nosotros seríamos los primeros en dimitir si, después de una semana, viéramos que no podemos cumplir”, avisó Puig en una entrevista de TV3. Comín reivindicó la recuperación de consellers cesados por el artículo 155, como ellos, como “una de las medidas para luchar contra la represión” del Estado. Además, la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, que también está en Bélgica, ha vaticinado que el Tribunal Supremo presentará una nueva euroorden para extraditarlos.

Por su parte, Lluís Puig solicitó ayer amparo a la Unión Europea a través de una carta al vicepresidente de la Comissión, Frans Timmerman. Puig apela a los “valores fundacionales de la Unión Europea” contra “actos que violan los derechos fundamentales”.