'Chaves y Griñán conocían las irregularidades en los ERE'

La exasesora técnica de la dirección general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2011, María José Rofa, aseguró ayer que los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, eran conocedores de la gestión de ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Rofa, que entregó 1.627 archivos a la Guardia Civil para investigar la trama, declaró ayer como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla contra 22 exaltos cargos de la Junta, entre ellos Cháves y Griñán. La exasesora consideró que ambos expresidentes tuvieron conocimiento de la gestión del programa 31L, también conocido como “fondo de reptiles”, con el que se pagaban las ayudas irregulares que se concedían desde la dirección general del Trabajo. Ante las preguntas del letrado del PP-A, la exasesora aseguró que los expresidentes tenían conocimiento porque el gabinete de Presidencia pedía “suficiente información” de pagos, protestas y conflictos “cada vez que surgía” una queja.

Rofa, que el lunes explicó ante las preguntas del fiscal que algunas ayudas “venían de arriba” aclaró que se refería a “diferentes miembros del Gobierno según el territorio” donde se ubicaban las empresas, ya que cada uno representaba una provincia. Puso como ejemplo la intervención del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías en las presuntas ayudas irregulares que se concedieron a la cárnica Primayor de Jaén. “Viene del Consejo de Gobierno, del Consejillo y de Presidencia directamente”, explicó Rofa en relación a las concesiones. También señaló la financiación a la empresa Delphi, indicando que fue una decisión política que llegó “incluso al Gobierno central”. Además, la exasesora aseguró que “se han reconstruido los expedientes” que se remitieron a la jueza, bajo el mandato de Daniel Alberto Rivera.

El exministro socialista Soria niega ilegalidades en Sanidad El exministro de Sanidad Bernat Soria aseguró ayer en una comisión de investigación del Senado que “nunca” tuvo “el más mínimo indicio” ni “sospecha” de irregularidades en el departamento que dirigió entre 2007 y 2009. En este sentido, remarcó su “absoluta confianza” en los técnicos y el personal que trabajaban con él en el ministerio.