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TRIBUNALES POLÉMICA

Hasta 13 años de prisión para ocho jóvenes de Alsasua

Por agredir a guardias civiles, aunque la Audiencia Nacional no ve terrorismo || Los familiares preparan ya los recursos

Familiares de los encausados atienden a los medios en Pamplona.

Familiares de los encausados atienden a los medios en Pamplona.EFE

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La Audiencia Nacional dictó ayer condenas de prisión para los ocho jóvenes de Alsasua, que van desde los dos hasta los trece años de cárcel, por los hechos acaecidos en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en esta localidad navarra, cuando fueron agredidos dos guardias civiles y sus respectivas parejas. Por otro lado, el tribunal descartó que se tratara de un acto terrorista.

Los magistrados les atribuyen los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Les imponen las penas más altas contempladas, aunque no creen que deban ser penados por los delitos terroristas que pedían tanto la Fiscalía como las acusaciones populares y particulares. El tribunal entiende que “no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA”.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles espera que la sentencia sirva para “remitir la hostilidad”

La sentencia afirma que Jokin Unamuno fue quién inició los “actos de hostigamiento” al teniente y al sargento de la Benemérita y a sus respectivas parejas en el bar Koxka de Alsasua, siendo condenado a 12 años de cárcel. Ohian Arnanz y Jon Ander Cob fueron condenados a 13 y 9 años respectivamente, al considerar que secundaron la agresión. Julen Goicoechea y Aratz Urrizola deberán cumplir 9 años de cárcel por participar en ella. Adur Ramírez, quien junto a Unamuno y Arnanz, ha permanecido en prisión preventiva desde su detención, fue condenado a 12 años. Finalmente, Iñaki Abad y Ainara Urquijo, fueron sentenciados a 13 y 2 años, respectivamente.

Los padres y madres de los jóvenes anunciaron que ya trabajan en los recursos a la sentencia, que tildan de “barbaridad”. Isabel Pozueta, madre de uno de los penados, señaló que la condena era “una venganza” con la “intencionalidad clara de generar dolor”. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mostró su confianza en que el fallo sirva para que “remita paulatinamente la hostilidad” contra ellos y que se alcance el “clima de convivencia deseable en toda sociedad democrática”.

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