PROCÉS TRIBUNALES
Puigdemont y cuatro exconsellers se querellan contra el juez Llarena
Piden su recusación y la Justicia belga le cita para el 4 de septiembre || El Constitucional insiste en que Sànchez no puede participar en el Parlament
Carles Puigdemont, junto con cuatro exconsellers que marcharon con él al extranjero, presentaron ayer una demanda civil contra el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ante la Justicia belga. Le acusan de vulnerar su derecho a un “juez imparcial e independiente”, a un procedimiento judicial “justo” y a la “presunción de inocencia”. También presentaron una solicitud de recusación contra Llarena ante el TS. Puigdemont y los exconsellers se basan en las declaraciones del juez del pasado 22 de febrero de 2018, cuando emitió su opinión antes de iniciar el juicio y fuera de los tribunales.
El tribunal belga ha citado al magistrado del Supremo para el próximo 4 de septiembre. Según indicaron los abogados de los políticos catalanes, Llarena podrá ir a declarar en persona o enviar a un representante legal. El diputado de JxCat Josep Costa valoró positivamente la presentación de la demanda y aseguró que supone “entrar en una fase de paso a la ofensiva. En cambio, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, opinó que la citación de Llarena solo sirve para “enredar un poco más” la situación política.
El Constitucional aprueba desbloquear 13 recursos suspendidos por la aplicación del 155
Solo Aragonès y Maragall consiguen los permisos penitenciarios para visitar a sus predecesores
En otro orden de cosas, el Tribunal Constitucional desestimó un nuevo recurso del diputado de JxCat Jordi Sànchez. En este, solicitaba que el tribunal rechazara la decisión de Llarena de mantenerle en prisión y no dejarle asistir a diferentes sesiones del Parlament. El Constitucional ya señaló en su momento que la prisión provisional impone “indefectiblemente” limitaciones a los derechos políticos derivados de la privación de libertad. Por otro lado, el pleno del TC aprobó por unanimidad desbloquear los trece recursos de incostitucionalidad pendientes de tramitación, que se encontraban suspendidos por la aplicación del 155. Esta decisión es consecuencia de la formación del nuevo Govern. Entre los recursos destaca el presentado por el Parlament contra el acuerdo del Senado que permitió la aplicación del 155 o la reforma para poder investir a Puigdemont a distancia.
