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La Guardia Civil registra tres ayuntamientos de Girona

Registrados por un supuesto fraude relacionado con el servicio de aguas || La empresa Agissa es la principal investigada

Imagen de la entrada a las instalaciones del ayuntamiento de Girona.

Imagen de la entrada a las instalaciones del ayuntamiento de Girona.EFE

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Agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter para recabar documentación en el marco de la operación Aquarium. Esta investiga un supuesto delito de malversación, administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de fondos públicos por fraude en la compañía municipal de aguas, Agissa, y en las empresas Girona SA y Prodaisa durante la alcaldía de Puigdemont en Girona. La Fiscalía Anticorrupción coordina la investigación, también dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Girona. Las autoridades pretenden demostrar que hubo sobrecoste en la gestión pública del agua de la provincia.

Las ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter recibieron la visita de los agentes, acompañados por el fiscal Anticorrupción, José Grinda, quienes registraron las instalaciones y los despachos de trabajadores. La operación se inició el 19 de septiembre de 2017 con inspecciones de la Guardia Civil a 15 hogares y despachos, tras una denuncia de la CUP contra Narcís Piferrer, responsable de Girona SA. Tras la denuncia y una querella de la Fiscalía de Girona, el juez abrió una investigación a Piferrer por administración desleal, y también a Xavier Ballell, sucesor de Píferrer. Las presuntas irregularidades se prolongaron durante más de una década, abarcando las alcaldías de Girona de Joaquim Nadal, de Anna Pagans y de Carles Puigdemont.

La CUP denuncia un ‘escándalo mediático’ Los miembros de la CUP Girona lamentaron ayer que la Fiscalía del Estado utilice “sus prerrogativas para montarespectáculos mediáticos”, que desvían la atención de los “verdaderos culpables”. La CUP también recordó que su denuncia pretendía investigar los delitos supuestamente cometidos por los responsables privados de la empresa Agissa, lo que motivó una investigación de la Fiscalía de Girona que finalmente acabó en el Juzgado.

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