SEGRE

TERRORISMO ANIVERSARIO DEL 17-A

Investigación un año después

Tres personas están en prisión provisional por los atentados de Les Rambles y Cambrils que costaron 16 vidas || Interior ha destinado casi diez millones en indemnizaciones a las víctimas

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VÍDEO DEL TIROTEO EN CAMBRILS

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Un año después de que una célula yihadista atacase a las centenares de personas que paseaban por Les Rambles de Barcelona la tarde del 17 de agosto y, pasadas unas horas, por el paseo marítimo de Cambrils, la Audiencia Nacional continúa investigando estos atentados, reivindicados por el Daesh, que dejaron en total 16 víctimas mortales y más de 300 heridos de varias nacionalidades.

Tres personas están en prisión provisional por su presunta participación en los hechos: el que alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo en Barcelona; un herido en la casa que saltó por los aires en la que se estaba preparando la acción terrorista; y otra persona vinculada con la compra del material explosivo. El resto de los miembros del grupo yihadista fueron abatidos por los Mossos en Cambrils o fallecieron la noche anterior en la explosión de una vivienda en Alcanar.

Aún así, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que levantó a finales del mes de julio parte del sumario de la causa, sigue indagando en los hechos. Según las últimas diligencias conocidas, el magistrado pidió el pasado mes de junio información para conocer si los yihadistas se financiaron con ‘microcréditos’ y en febrero puso bajo vigilancia a personas cercanas a la célula, como al hermano del autor de los atropellos por comprar un disfraz de policía.

España no había sufrido ningún atentado yihadista desde el 11 de marzo de 2004 -en el que perdieron la vida 202 personas-. Los del 17 y 18 de agosto de 2017 se suman a los perpetrados en Europa (Niza, Berlín, Estocolmo, París o Londres) en los dos últimos años siguiendo el mismo ‘modus operandi’: atropellos múltiples y el uso de armas blancas.

Esta forma de actuar fue advertida por los Mossos -entonces dirigidos por el mayor Josep Lluís Trapero- en un primer informe del 17 de agosto de 2017 en el que se solicitó al juez Andreu - la autorización para proceder a registrar los domicilios de un grupo 12 amigos y hermanos (de entre 17 y 24 años), sobre los que se sospechaba su implicación en los atentados de Catalunya.

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