Carlos Lesmes: “Estas son las reglas de juego del Estado de Derecho”

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, defendió ayer que la decisión adoptada el martes por el Pleno sobre la la ley hipotecaria se hizo “con libertad e independencia de criterio”.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal decidió el martes por 15 votos contra 13 que sean los clientes quienes asuman el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), corrigiendo así una sentencia de mediados de octubre que estableció que la tasa debía recaer en las entidades bancarias.

Lesmes asegura que la decisión del Supremo fue adoptada con libertad e independencia de criterio

Varias asociaciones judiciales reprochan el cambio de criterio del Tribunal Supremo

El rechazo durante el debate en el Tribunal Supremo de una tercera vía propuesta por la magistrada Pilar Teso –que propuso que el impuesto recayese sobre la banca pero a partir de la sentencia, es decir, sin el carácter retroactivo que habría supuesto un desembolso de entorno a 5.000 millones de euros– fue clave para que al final ganara la opción favorable a que fuera el prestatario y no la banca, quien asuma el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, que grava las hipotecas.

Así lo señalaron fuentes jurídicas, que indicaron que al menos cuatro magistrados cambiaron o determinaron finalmente su voto a favor de la antigua jurisprudencia sobre este asunto después de que esta tercera vía alcanzara sólo 11 apoyos frente a 17 en el Pleno de 28 magistrados de lo Contencioso que decidió sobre este asunto.

“Lo que ha ocurrido en el Supremo –explicó Lesmes– es consecuencia de la falta de claridad de la ley, por lo que ahora mismo el Congreso, el legislador, tiene una magnífica oportunidad para clarificar quién debe ser el sujeto pasivo en un contrato hipotecario”. Asimismo dijo que“estas son las reglas del juego” en el Estado de derecho; los jueces las resuelven con “libertad e independencia, y si hay discrepancias se resuelven votando”, como ocurrió el martes.

Lesmes afirmó que aceptan que las decisiones de los jueces son de poder público y están sujetas al escrutinio de la opinión pública y a la crítica, pero añadió que en el presente caso lo que ha ocurrido es que ha habido durante 35 años una falta de claridad en la ley a la hora de delimitar quién es el sujeto pasivo de un contrato hipotecario.

Los asesores fiscales asociados en AEDAF se manifestaron sorprendidos, preocupados e indignados con la decisión adoptada por el Tribunal Supremo al no entender el cambio de jurisprudencia. Mientras, las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) reprocharon a Lesmes como a los magistrados de la Sala de Contencioso-Administrativo la forma de gestionar la resolución, dado que ha permitido arrojar se “dudas razonables” sobre la independencia del alto tribunal.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) rechazó que los responsables políticos critiquen la decisión judicial y pidió que no “responsabilice” al Poder Judicial de los problemas que pueden ser resueltos desde el Poder Legislativo.