La Fiscalía investiga a los Mossos por inacción en las acciones de los CDR en las autopistas

La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto una investigación contra los Mossos d’Esquadra para averiguar por qué los agentes de la Policía catalana no “disuadieron” a los activistas de los CDR que el pasado fin de semana bloquearon la AP-7 y levantaron las barreras de algunas autopistas catalanas, entre ellas la AP-2 en Soses, Lleida, Les Borges Blanques y L’Albi. En este sentido, el Ministerio Público ha puesto el foco en la no utilización de “la fuerza imprescindible y proporcional para restablecer el orden jurídico” por parte de los Mossos. El decreto de apertura de diligencias firmado por el fiscal superior catalán, Francisco Bañeres, avanza que, de confirmarse que los agentes incurrieron en una dejación de sus atribuciones al no “exigir el restablecimiento del orden y la restitución del derecho de los ciudadanos afectados”, podría existir algún tipo de “responsabilidad”. Bañeres ha ordenado al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, que le entregue en diez días un informe con las actuaciones policiales del sábado y del domingo en las movilizaciones de los CDR.

Tras conocerse la apertura de las diligencias de investigación contra los Mossos, el conseller de Interior, Miquel Buch y el director general de la Policía catalana, Andreu Joan Martínez, reiteraron su apoyo a la actuación de los agentes, mientras que el portavoz de Justicia de Ciudadanos en el Congreso, Nacho Prendes, celebró la decisión como “absolutamente pertinente”, en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre independentistas y unionistas a cuenta de las instrucciones que recibe la Policía catalana (más información en la página siguiente).

En otro orden de cosas, el Constitucional empezó ayer a estudiar los recursos de amparo presentados por los procesados en el Supremo. Los primeros examinados por los magistrados fueron los de las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Los de los presos en huelga de hambre, precisamente para denunciar la lentitud del TC, no se abordarán hasta enero.

MADRID

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicó ayer que la vista de las cuestiones previas del juicio del 1-O se celebrará el próximo martes día 18. En ella, está previsto que las defensas de los 18 líderes independentistas que se sientan en el banquillo de los acusados por los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos cuestionen de nuevo la competencia del alto tribunal para enjuiciar los hechos ocurridos en torno al referéndum. De este modo, pedirán que sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el que se encargue de sentenciar el procedimiento. Por el contrario, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el partido ultraderechista Vox se opondrán a este planteamiento y defenderán la competencia del Supremo para acoger el juicio y dictar sentencia. En esta vista no estarán presente ninguno de los líderes independentistas acusados.

En otro orden de cosas, Vox presentó ayer ante el Supremo una querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de rebelión. En su escrito, los ultraderechistas sostienen que el jefe del Executiu incurrió en este ilícito penal al reivindicar la vía eslovena para Catalunya. Igualmente, su líder, Santiago Abascal, amenazó con querellarse contra el Gobierno central por dejación de funciones en Catalunya.

Por otro lado, el juzgado de instrucción número 2 de Manresa ha imputado a tres agentes de la Guardia Civil por un presunto delito de detención ilegal de un vecino de la localidad de Fonollosa durante el 1-O. Este delito, que está penado hasta con 6 años de prisión, es el más grave que se le ha atribuido por el momento a los agentes de los cuerpos policiales del Estado destacados en Catalunya con motivo del referéndum.