El Govern acuerda garantizar la atención social básica a los expresidentes catalanes

El Govern ha acordado hoy garantizar a los expresidentes de la Generalitat la atención para cubrir necesidades personales y sociales básicas en las diferentes etapas de la vida, una iniciativa pensada para el caso del expresidente Pasqual Maragall, que sufre alzhéimer.

Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, quien ha remarcado que, pese a que en el acuerdo de gobierno no figura el nombre de Maragall, la iniciativa está pensada para dar respuesta a "la evolución de la enfermedad que sufre desde hace años".

En cambio, no tiene "nada que ver" con el líder de JxCat, Carles Puigdemont, pues de este acuerdo "no se deriva ningún beneficio económico o material" para él, quien ya tiene su oficina de expresidente de la Generalitat y no requiere de otras "necesidades adicionales", ha asegurado.

El acuerdo de gobierno de hoy no supone de hecho nuevos derechos económicos respecto a los que ya se establecieron en la ley y el decreto de expresidentes de la Generalitat que se aprobó en 2003 y que sigue vigente.

Pero con el paso del tiempo, las circunstancias y situaciones personales de los expresidentes catalanes cambian, por lo que el Govern ha considerado necesario añadir al cuerpo legislativo este acuerdo, que lo que hace es asegurar "el derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida mediante la cobertura de sus necesidades personales y sociales básicas".

A preguntas de los periodistas, Artadi ha asegurado que no le consta que Puigdemont haya pedido cobrar la pensión que contempla la ley de expresidentes de la Generalitat de 2003.

Una retribución que es incompatible con el sueldo de diputado que estuvo cobrando Puigdemont hasta el pasado julio, momento en el que dejó de ingresar la nómina al hacerse efectiva su suspensión decretada por el Tribunal Supremo.

En cuanto al expresidente Jordi Pujol, Artadi ha recordado que él mismo renunció en 2014 a todas sus prerrogativas tras confesar que había ocultado fondos en el extranjero.