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TRIBUNALES CASO ITV

El juez ordena el ingreso en prisión ya de Oriol Pujol

La Audiencia de Barcelona le da diez días || Condenado por corrupción y cobro de comisiones, aún puede recurrir

Oriol Pujol, a su llegada a la Audiencia de Barcelona en julio.

Oriol Pujol, a su llegada a la Audiencia de Barcelona en julio.EFE

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La Audiencia de Barcelona decretó ayer el ingreso en prisión del exdiputado de Convergència i Unió (CiU) Oriol Pujol Ferrusola en un plazo máximo de diez días. El hijo del expresident Jordi Pujol está condenado por el Caso ITV, por los delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y de falsedad en documento mercantil, por interceder a favor de empresarios de su entorno, como Sergi Alsina, amigo íntimo, a cambio de comisiones ilegales. La pena impuesta es de dos años y medio de prisión. Oriol Pujol podrá recurrir esta decisión de la jueza del caso, Carmen Zabalegui, lo que supondría la suspensión de su ingreso inmediato en la cárcel hasta que la decisión no fuera firme.

Oriol Pujol aceptó la condena reconociendo que había cobrado comisiones ilegales a cambio de favores e influencias manipuladas en el mapa de las ITV. Esta confesión permitió que su mujer no ingresase en prisión. No obstante, el exdiputado de CIU defendió, en una vista convocada el 10 de diciembre del año pasado en la Audiencia de Barcelona, sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos. Asimismo, su abogado, Xavier Melero, argumentó que la suspensión de la pena de cárcel técnicamente es posible y defendió ante los medios que los trabajos en beneficio a la comunidad tienen “eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño”.

La jueza rechaza la petición de Pujol de cambiar su pena de cárcel por trabajos comunitarios

La Audiencia rechazó ayer esta petición argumentando que Oriol Pujol cometió hechos “muy graves” porque en lugar de prestar el servicio a la sociedad inherente a sus cargos políticos, en CiU y la CDC, se aprovechó en beneficio propio. Además, el tribunal asevera que su actuación “ha supuesto un ataque muy importante” contra el Estado de derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes políticos.

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